Ante la amenaza de un paro en el transporte público, sea en Guadalajara o en Villahermosa, un gobierno tiene como respuesta legal la suspensión de la concesión. La réplica es sencilla: si el negocio ya no lo es, lo dejas. Nadie exige que los transportistas trabajen con pérdidas.

Si un gobierno es incapaz de emplear esas herramientas que la ley pone en sus manos, como es suspender la concesión, pagar las unidades a justo precio de chatarra, y recontratar a los choferes bajo un salario fijo, es por dos y sólo dos razones: 1. Porque afecta intereses de sus aliados, 2. Porque lo paraliza un súbito ataque de pánico. O una combinación de ambas: pánico y corrupción. Lo único inaceptable es que el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, pague el secuestro de los camiones de Guadalajara con 258 millones de pesos a los secuestradores.

Decíamos durante el antiguo régimen que el nudo de complicidades entre permisionarios del transporte y gobiernos lo ataba el PRI, que así creaba sus bases corporativas de apoyo. Pero llegaron el PRD y el PAN sin que viéramos otro cambio que el abandono del servicio: en el DF el Metro y el Metrobús, a cargo del gobierno, con todo y su saturación, dan mejor servicio que camiones y micros: trampas mortales en las calles. Se entiende que a donde llegue el PRD el transporte público empeore porque sabemos que hereda los sistemas clientelares y corporativos del PRI, y los engorda.

Pero nadie esperaba que otro tanto sucediera con el PAN, porque la derecha es derecha debido a su rigor. Y el PAN de Jalisco ni esa gracia tiene: no sabe intercambiar favores, base de la fuerza del PRI, ni sabe imponer la ley ante el chantaje. De la antigua derecha, que sus ventajas tuvo, sólo heredó la mochería más cerril. Muestra lo peor del PRI y ninguna de sus virtudes, lo peor del PRD y ninguna de sus virtudes.

Los choferes tapatíos asesinaron una persona por semana el año pasado. Mejoraron mucho porque antes se cargaban a tres. Por qué lo hacen no es ningún misterio: matan porque corren, corren porque se arrebatan pasaje, se lo arrebatan porque los propietarios de las unidades les pagan un porcentaje por boleto vendido y ese porcentaje, como las propinas de los meseros, es un ingreso mayor que el salario.

La solución no está, como se ha buscado, en controles electrónicos de velocidad, ni en computadoras ni en alta tecnología: para que no corran basta con que los patrones no les paguen por correr. Pero los dueños de las unidades los acicatean porque camiones repletos significan incrementos de miles de pesos en utilidades. Por eso en las grandes capitales, en los mismísimos centros que postulan la libertad de mercado, el transporte urbano es tarea del gobierno y se cobra apenas encima del costo para cubrir el reemplazo de unidades. Las micros desvencijadas simplemente no existen, ni los choferes con prisa ni las invasiones de carril.

Pero nuestros políticos se enriquecen con flotillas de autobuses urbanos y de taxis. Pregunte usted al chofer, cada que se suba a un taxi, a quién pertenece el auto: siempre le dirán que es parte de una flotilla y el propietario será un diputado o cualquier otro político que reparte los permisos y las placas: corrupción vil, como en todo.

Parecía muy sencillo que hubiera tantos permisos para taxis como solicitudes que cumplieran los requisitos de unidad en buen estado y licencia, sólo debíamos echar fuera al PRI. Han pasado 15 años y la derecha panista no logra imponer las leyes del mercado: tantos taxis como solicitudes haya, y que la demanda decida. Tampoco logra aplicar la ley escrita al transporte.

El gran simulador

La detención en Mazatlán de escoltas con armas reservadas al Ejército y su posterior identificación como guaruras de López Obrador, no hace sino confirmar que hemos estado, por años, ante el más grande simulador en la historia reciente de México. Tres autos y 11 personas investigadas por un retén militar

El gobierno del DF tiene "comisionados" esos guardias, a cargo del presupuesto en buena medida federal. Todos suponíamos que esas medidas de seguridad existían, pero él siempre las había negado, y lo hace por varias razones: 1. Porque debe simular que no las tiene, 2. Porque siempre ha dicho que no las necesita. 3. Porque no lograría explicar cómo las paga. 4. Porque si las paga el GDF está incurriendo en un delito, como siempre que funcionarios públicos usan presupuesto con fines partidarios.

la talacha fue realizada por: eltemibledani