¡3 mil millones para los partidos!

publicado el 18 de diciembre de 2006 en «Milenio Diario»
columna: «la calle»

 

Los partidos políticos, al fin y al cabo desde el Congreso reparten el pastel del presupuesto, se autoasignan 2 mil 900 millones de pesos para el 2007. Casi 3 mil millones para un año sin campaña electoral ninguna, sólo para mantener sus oficinas, viajes, viáticos, comilonas y anuncios fantasiosos donde todos trabajan de acuerdo y no, como los vimos, se arrojan las curules a la cabeza. ¿Nos podrían siquiera preguntar a sus electores cuánto estamos dispuestos a gastar en ellos? ¿No es así en la cantada democracia? No lo hacen, ni lo harán, porque sienten que deben sus curules (y sus millonarias prebendas) al partido que los hizo candidatos, no a los ciudadanos que los eligieron. Por eso ni el nombre conocemos del diputado que nos "representa".

El culto a la personalidad, la falta de autocrítica y de cultura democrática son endémicas en la izquierda: por eso saltan una y otra vez cada que la oportunidad se presenta. Acabamos de ver el ejemplo más claro: los mismos partidos que exigen aumento al presupuesto destinado a la educación superior (y está bien que lo hagan), son incapaces de admitir la iniciativa del Partido Alternativa Socialdemócrata: reducir un 20 por ciento los recursos destinados a los partidos y destinar ese ahorro, 538 millones de pesos, a la investigación científica.

El presupuesto es una cantidad determinada, con límites poco flexibles y, como al distribuir el salario de una familia, se puede gastar más en una partida siempre y cuando se reduzcan otras. ¿Cuáles? Nadie quiere que sea la suya. El presupuesto de México para 2007 está calculado en 2 billones (millones de millones) 215 mil millones. Eso hay. Hacer otros cálculos es como endeudarse a tarjetazo. Se puede hacer, pero el momento de pagar llega. Todavía estamos pagando las crisis producidas por gastar de más y jugar vencidas con variables de la economía. Volver a hacerlo para quedar bien hoy es empeñar de nuevo el futuro. Ya lo hicieron Echeverría y López Portillo y nos costó inflación galopante durante De la Madrid. Y la inflación devora, en primer término, los salarios de los más pobres. Provocar inflación es un crimen contra el pueblo que dicen defender quienes alientan medidas inflacionarias, como es la de gastar más de lo que se tiene.

A la educación no se destina poco. Un 22 por ciento del presupuesto, casi la cuarta parte. Pero se escurre como agua entre educación básica de mala calidad y educación superior con los agujeros del pase automático, el sindicalismo corrupto, la falta de exigencias académicas a los alumnos y financiar familias que podrían pagar una cuota, pequeña o mediana, a las universidades públicas. Las cuotas se pueden reinvertir en becas para que nadie con capacidad quede fuera por falta de recursos, pero un feroz egoísmo estudiantil ha negado esa alternativa solidaria.

Entrevistado al término de su exposición ante los diputados, el rector Juan Ramón de la Fuente esbozó una tímida demanda en el sentido de que las universidades públicas busquen otras fuentes de financiamiento, además de exigir a la Federación. Es tema tabú porque ha costado caídas de un rector tras otro, y una huelga de nueve meses la última vez que se propuso en la UNAM ya no un aumento, sino la reinstalación de la cuota de 200 pesos (16 dólares) que costaba la UNAM hasta las devaluaciones de López Portillo y De la Madrid, cuando esa cantidad acabó siendo equivalente a 20 centavos.

Será tabú, pero está claro que el presupuesto para educación debe destinarse, principalmente, a elevar el aterrador panorama de primaria y secundaria, dominadas por un sindicato y una oposición sindical igualmente analfabetas. La educación superior está por ahora oprimida por "conquistas" como el pase automático, el ingreso privilegiado para hijos de trabajadores (un derecho hereditario), el temor a la huelga indefinida, el control sindical de las plazas vacantes y otras ideas trasplantadas de la fábrica a la universidad.

Una reforma educativa es urgente, pero no es el momento de atizar ese avispero. Por lo pronto, los diputados podrían comenzar por escuchar un clamor que no tiene excepciones: los partidos políticos nos cuestan a los ciudadanos una suma que ya nadie acepta pagar. Si lo dudan, podrían someter a plebiscito la cuestión y comprobar lo obvio: para las universidades, todo; para los partidos, nada, o casi; para los diputados, menos.