No cabe duda, los extremos se juntan. El gobierno de Jalisco y la APPO de Oaxaca piensan exactamente igual: "Los derechos humanos no son para los delincuentes", es la peregrina afirmación de unos y otros extremistas. "No son para las ratas", dijo aún mejor Arturo Montiel cuando era candidato del PRI a gobernar el estado de México. Los sectores duros del PAN, PRI y PRD piensan exactamente igual. La Jornada hace burlas de Carlos Ahumada otografiado en calzones. En Oaxaca la turba ("la gente", diría López Obrador) detiene al presunto responsable, ya sea de un delito común o de oponerse a mandatos de "la base", lo golpea, arrastra, humilla, maltrata, lo exhibe con carteles, lo amarra a un poste. Los gritos de la horda hacen imposible escuchar lo que el detenido argumente, si acaso logra hacerlo. Es un "juicio popular" y el veredicto se conoce desde el momento mismo de la detención. Es la puesta en práctica del "Tú mátalos, después güiriguas" atribuido a Villa.

La APPO practica en Oaxaca todos los días lo que las autoridades de Jalisco ponen por escrito: Los derechos humanos son para quienes decidan. Por lo pronto, un profesor de matemáticas contrario a continuar el paro de labores fue degollado sin que se levantaran voces "contra la represión". Pero sería de suponer que gobernantes con ilustración jurídica y sensatez al menos promedio, fueran moralmente superiores a una horda anónima y envalentonada por años de impunidad y meses de ocupar, también impunemente, el centro de una ciudad cuya belleza alguna vez estuvo amenazada... por la instalación de un McDonald’s.

Para empezar, un detenido no es un delincuente: nadie es culpable de un delito mientras no lo demuestre un juicio imparcial (que se lleva, al menos meses, casi siempre años). Es en estos detenidos bajo proceso en quienes el legislador pensó al establecer reglas que prohíben la detención sin orden judicial (salvo en flagrancia, como en plena flagrancia está la APPO), un máximo de 72 horas para esperar la acusación formal y un año para la sentencia, pues no hay manera de reintegrar a una persona la libertad perdida, por eso la legislación cuida que un inocente en proceso sufra el menor daño.

Pero aun el delincuente sentenciado, privado de derechos ciudadanos como el de votar y ser votado, no puede perder sus derechos humanos y ser objeto de torturas, humillaciones y degradación porque nuestros penales tienen, supuestamente, la función de reintegrar el delincuente a la sociedad una vez rehabilitado. Se llaman por eso "Centros de Rehabilitación Social". En ellos aprenden, o deberían aprender, oficios que les permitan ganarse la vida honestamente al recuperar su libertad.

El delito es una violencia y se previene o se ataca.

Pero hasta en el ejercicio de la violencia legítima, la del Estado, hay límites. Así como en Atenco vimos manifestantes pateando en los testículos a un policía caído durante el operativo que devolvió su ciudad a los habitantes (que aplaudían desde las azoteas la tardía intervención), vimos también policías golpear con saña a un machetero caído. Quien se enfrenta a la policía no puede esperar amabilidades, cierto; pero quien aplica la ley debe distinguirse del delincuente. Y la distinción estriba en que sólo aplica la violencia necesaria: golpea a quien se interpone, pero luego lo detiene y esposa, no da rienda suelta a su ira contra el vencido. Es difícil, sí.

En muchas ocasiones, la rabia nos gana a los particulares y deseamos devolver mal por mal. De ahí viene el "ojo por ojo y diente por diente". Pero el Estado no puede proceder como lo haría un delincuente sin perder, al hacerlo, su mayor calidad moral. De ahí que la violencia legítima siempre deba ser únicamente la necesaria. Que puede ser mucha...

Ante un grupo que dispara armas de fuego o molotovs no se puede pedir que la policía agite sus toletes amenazantes. Tampoco se puede ametrallar a manifestantes que lanzan piedras: hay para eso gases lacrimógenos, tanques que arrojan agua. Estoy diciendo obviedades, pero las creo necesarias cuando nuestros gobernantes no han aprendido a ejercer la ley, y los ciudadanos nos creemos con derecho a pasar sobre derechos de terceros: libre tránsito, propiedad, tranquilidad, respeto, siempre que estamos enojados. Y desde Salinas y Zedillo, hasta el colmo con Fox, los gobiernos nos han enseñado que lo podemos hacer con entera impunidad.

la talacha fue realizada por: eltemibledani