Son los mismos, y hacen lo mismo

publicado el 10 de julio de 2006 en «Milenio Diario»
columna: «la calle»

 

En su más grande acto de cinismo, vemos a los operadores del fraude de 1988... pedir a sus seguidores que "no permitan otro 1988". Allí están Manuel Camacho, operador de Carlos Salinas en aquella elección, Marcelo Ebrard, Socorro Díaz. Y vemos al PRD, que ya consiguió anular una elección, la de Tabasco en 2000, seguir su misma receta confiado en la desmemoria del país. Compitió por la gubernatura de Tabasco en su tradicional alianza con priistas y perdió. Impugnó la elección, por supuesto. Exigió abrir todos los paquetes de votos para realizar un nuevo recuento, aun en los casos no especificados por la ley.

Una vez que le cumplieron su exigencia, por torpeza o buena fe de las autoridades electorales... gritó que esa irregularidad (la apertura de los paquetes de votos sin fundamento legal) era causa suficiente para cancelar todo el proceso. Y tenía razón. Exigió una ilegalidad y cuando por la fuerza de marchas y presiones la obtuvo... la denunció. Jugada redonda. Se repitió la votación, y el PRD volvió a perder. Ese es el pejelagarto en su tinta.

Si algo tiene es ser consistente. Para poder competir por Tabasco contra Madrazo, López Obrador debió comprobar su residencia en el estado. Lo hizo. Cuando perdió, hizo marchas y plantones sin éxito. En 1999 buscó su candidatura a gobernar el DF. Los otros dos precandidatos del PRD, Pablo Gómez y Demetrio Sodi, denunciaron la falta de residencia de López Obrador basándose en que la había comprobado en Tabasco. Se impuso como siempre. El feroz Pablo Gómez cedió ante la irregularidad. Por qué se calló Pablo, lo ignoro.

Se ha dicho ya, pero habrá que repetirlo: el sistema electoral mexicano pone el recuento de votos en los ciudadanos, no en los funcionarios electorales, no en el IFE, no en los partidos, sino en los vecinos a cargo de la casilla. Se hace de esa forma por la desconfianza generada por 70 años de elecciones de Estado, elecciones entonces a cargo del gobierno y encabezadas por el secretario de Gobernación. Ahora la elección está en manos de la ciudadanía. Al cierre de las votaciones, nuestros vecinos a cargo de la casilla, vigilados por representantes de los partidos contendientes y por observadores acreditados, nacionales e internacionales, cuentan voto por voto.

Los resultados se escriben en un acta, la firman los representantes de partido, y se les da a cada uno de ellos una copia. El sistema es inviolable porque toda alteración de un acta, a favor de un partido, puede ser detectada por los afectados.

Que el mismo gobernante que se negó tozudamente a instalar un consejo de transparencia en el DF exija ahora una nuevo recuento de votos, para mayor transparencia del proceso no es sólo una desvergüenza y una trampa legal, es también una ofensa a los dos millones de ciudadanos que contaron y vigilaron el conteo de los votos, que firmaron las actas a nombre de sus partidos, que observaron el proceso paso a paso. ¿Hay un complot de dos millones de personas confabuladas contra López Obrador? Aún peor es que su exigencia de nuevo recuento vuelve a poner el resultado en manos de autoridades, aunque sean las electorales, cuando lo habíamos dejado a los ciudadanos, a nuestros vecinos, con la vigilancia de los partidos y de los observadores. Por eso "comparar la situación actual con el 88 no es más que un delirio", afirmó con conocimiento el ex presidente del IFE, José Woldenberg, en Reforma.

La desesperación de López Obrador es explicable por dos razones: la primera es personal: jamás ha reconocido una derrota. La otra es legal: se queda sin fuero que lo proteja de cuanto hizo para crear su imagen durante sus cinco años de gobierno: nunca un gobernante había estado en los medios con tan abrumadora tormenta de imágenes suyas; nunca, desde el viejo PRI, un gobernante había dado contratos por tanta obra pública sin concurso; nunca se habían escondido los costos de obras por 10 años. Nadie había afectado la ley de amparo, el último recurso de los ciudadanos contra los abusos del poder, como López Obrador, que lo convirtió en letra muerta.

Pende sobre él la declaración de Gustavo Ponce, su secretario de Finanzas que hacía transacciones por millones de dólares "con autorización de Andrés", dijo por teléfono a Alejandro Encinas, ya en plena huída.

Pues eso es lo que saldrá a la luz. Se comprende su terror.