Desacatos intencionales
columna: «la calle»
Quienes piden ganar a López Obrador en las urnas y no en los tribunales deberían responder antes la siguiente pregunta: Si en plena campaña presidencial un candidato atropella a un peatón, ¿no debe llevársele a juicio para que no se diga que le ganaron "a la mala"? O más real: cuando un precandidato, popular en las encuestas, infringe la ley, ¿no debe ésta aplicarse? Ésa es la pregunta clave. Y hay más: que López ponga a trabajar miles de burócratas en su campaña, ¿no es un delito, uno más, porque se trata de él? ¿No lo es ya el desvío de recursos públicos con fines personales? ¿En dónde termina su defensa y comienza su campaña presidencial? En 1968, los burócratas obligados a manifestarse en contra de aquel movimiento estudiantil tuvieron la osadía de salir al son de: "Somos borregos, beee, somos borregos, beee." El desagravio a la actual autoridad, con el mismo abuso de los empleados públicos, ¿debe aplaudirse? Los camisas negras ya comenzaron a golpear, la primera fue la diputada del PAN Gabriela Cuevas Barrón, quien acusa a la diputada por el PRD Dolores Padierna de la autoría intelectual del ataque por 300 rabiosos defensores del fuero-impunidad para las autoridades.
A qué le tira AMLO. ¿En qué pensaba el alcalde del DF cuando pasaba sobre mandatos judiciales y amparos? ¿Hubo planeación maquiavélica de su elevación a los altares del martirio? El pueblo mexicano, para el que la corrupción es consustancial, apenas comienza a aprender que la ley también se aplica a los gobernantes.
Se creía que no: uno era diputado para echar tiros en las cantinas, no pagar la cuenta alegando fuero y pasarse los altos. Si no, qué chiste.
Todavía piensan así diputados del PRD memorables por su folclor. De ahí que no se considere grave que la autoridad viole un amparo: lo grave es que nos deje de dar lo que nos da. Esa debilidad de "la gente" es bien conocida por López.
Pero no podemos olvidar que el amparo es la defensa del ciudadano contra los abusos de la autoridad. Por ese motivo la izquierda ha sido particularmente respetuosa de esa ley. La derecha, siempre a la defensa de la autoridad, ha buscado su desaparición. No lo ha dicho López Obrador con esas palabras, pero sí que debe reformarse la ley de amparo: una vieja demanda levantada por la derecha.
Condenamos por decenios desde la izquierda la asignación sin concurso de obra pública a los cuates. Los diarios de izquierda denunciaban el hecho. Ya no. Ahora está bien. Lo que era malo en el PRI no lo es en el PRID-Gobierno.
El asunto no es elegir el mejor campo de batalla, las urnas o el juicio, sino, en frío y a ciegas, determinar si hay o no al menos sospechas, dudas, barruntos de que una autoridad, X autoridad, cometió un ilícito.
Entonces se le entrega a los tribunales, como a cualquier ciudadano, para que determinen su culpa o inocencia. ¿Sí, pero no cuando es nuestro gallo?
Si no hubo desacato en el asunto de El Encino, lo acaba de cometer AMLO frente a todos los periodistas asistentes a su conferencia. La nota de Manuel Durán en Reforma informó este 15 de febrero que de nueva cuenta se prohibió el paso a la conferencia de prensa matutina a dos diputados de oposición. Sería grave el hecho en sí mismo, pues indica el grado de autoritarismo de López Obrador: ningún gobernante del reinado priista se atrevió a tanto. Pero es además otro desacato al Poder Judicial porque los diputados Gabriela Cuevas (la después golpeada por una turba defensora del fuero-impunidad) y Jorge Lara iban provistos de un amparo, dado que ya en otras ocasiones les habían negado el paso.
López hizo amplia burla del hecho y sobre el cinismo cargo saña: negó que llevaran amparo porque de ser así "eso constituiría otro desacato y, ¿se imaginan? Ay, ay, ay, ay". ¿No hubo? Según la nota, el amparo fue concedido por el Juzgado 13 Colegiado Administrativo de Primer Circuito. Lo más vergonzoso del asunto es el silencio: los medios "premiados" con el derecho a escuchar al caudillo fueron incapaces de protestar ante él por una medida que, sin amparo, es indigna de un gobernante. Y con amparo es un nuevo desacato. Si puede haber duda sobre la suspensión o no de las obras viales, materia del desacato que López et. al. alegan no haber cometido, no queda ninguna duda sobre este último.
Esto hace suponer que López actúa con entera alevosía y ha cometidos sus desacatos a mandatos judiciales con plena intención.
Y que hay más fondo: por eso la aplanadora del PRID-Gobierno en la Asamblea Legislativa frenó 24 auditorías que debía realizar la Contaduría Mayor de Hacienda. Eso se llama transparencia: ya son todo aquello contra lo que estuvimos a los 20 años, diría J. E. Pacheco: chamberos, enamorados del poder, corruptos en lo económico y envilecidos en lo moral porque son capaces de asociarse con sus peores enemigos para alcanzar una gubernatura, demagogos, abusivos, mayoriteros, autoritarios. El PRD original ya no existe: ha sido expropiado por el PRI. Todo el priismo resentido se ha volcado en un membrete vaciado de su contenido fundador.
Elogio de la militancia
Pongámoslo así: Sea P un político cuyo nombre ignoramos. Sea S un subordinado de P que es, además, el hombre de todas las confianzas de P, el encargado de las grillas más delicadas. Si S resulta un corrupto redomado, P sólo puede pertenecer a dos categorías: la de los corruptos o la de los estúpidos.
Se llama "duda razonable" o extender "el beneficio de la duda" al cheque en blanco que firmamos ante una persona que no ha dado motivos para desconfiar de su honestidad. Si descubrimos que su favorito es un bribón, no necesariamente lo es el jefe. Pero cuando el bribón no es destituido de inmediato, no en un caso ni en otro ni en otro; cuando vemos al jefe entrar a su defensa, cuando se hace lo posible por evitarle la cárcel, la duda es oportuna. Si además la autoridad pide "no linchar" a su secretario de Finanzas, cogido in fraganti jugando en casinos lujosos dinero que no puede tener; si la autoridad le permite escapar; si otro pillo, el delegado en la Gustavo A. Madero también "escapa"; si no hay licitaciones para obras del DF. Entonces, seguir concediendo "el beneficio de la duda" contra todas las evidencias en contrario, es prueba de militancia. Lo cual no está mal: todos tenemos ese derecho. Pero se llama militancia. Y no hay por qué avergonzarse.
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