Enrique Arcipreste del Ábrego es un ciudadano que alcanzó notoriedad reciente por ganarle al Gobierno del DF un largo pleito legal por la indemnización de un predio expropiado en 1989, tiempos de Manuel Camacho y Carlos Salinas, el llamado Paraje San Juan. Según declaración del ex regente del Distrito Federal, no pagó "porque nadie reclamó".

Tardía y osadamente Arcipreste reclamó. Cuando estuvieron agotadas todas las instancias legales, sin que se le encontrara ilegalidad alguna al demandante, la autoridad judicial condenó al gobierno capitalino a pagar una cifra que rebasa los 1,800 millones de pesos. Con el pleito ganado, Arcipreste se encuentra preso en un dormitorio de máxima seguridad. ¿Qué ocurrió?

Que René Bejarano, entonces al frente de la Asamblea de Representantes del DF, regaló al jefe de gobierno un curioso parche legal que dice, en lenguaje llano, que la última instancia no es la última; que el "juicio concluido" no está nunca concluido ni la "cosa juzgada" está juzgada. Así. Y todo porque quien debe pagar es López Obrador y su brazo derecho en la Asamblea, René Bejarano, inventó el parche mágico que borra un proceso completo y todas sus instancias, (sí, el mismo Bejarano de los dólares que no le cupieron en el maletín y se echó en los bolsillos a fajos; del que afirma el pobre procurador Bátiz que "no nos quiere decir el destino que dio a ese dinero", ese mismo Bejarano que sigue organizando mítines.)

"Es una aberración jurídica", me dice un gran abogado amigo mío, cuyo nombre me reservo, pero cuyas iniciales son LUIS DE LA BARREDA, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, "porque atenta contra el principio de cosa juzgada, uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho" (he allí otra viuda del Estado de Derecho), "que no son más de una media docena y nos vienen con el proceso civilizatorio del siglo XVIII y sus códigos escritos". La ley Bejarano–López permite burlar la última instancia de la justicia y deja, así, al ciudadano inerme ante la autoridad, ya que no bastará con ganarle una vez un pleito, en todas sus instancias, sino que la autoridad podrá reabrirlo una vez, y otra, y otra, y otra, y otra... La autoridad, apunta Luis de la Barreda, tiene, para seguir el caso hasta la eternidad, a su equipo jurídico pagado. El ciudadano, en cambio, debe pagar abogados, una y otra vez, sin que nunca pueda salir victorioso porque no hay última instancia.

"No hay antecedentes de nada parecido en el mundo democrático", dice el ex ombudsman del DF. Pero sí los hay, ¿en dónde creen? ¡En Cuba! "Cuando fueron absueltos unos aviadores, contra los que Fidel Castro pedía pena de muerte por haber lanzado bombas contra su guerrilla (ni siquiera lo habían hecho y en todo caso eran militares en activo), Castro habló por horas contra el Poder Judicial, enemigo de la Revolución, etcétera y, en una decisión sin precedentes (hasta ahora en el DF), los hizo fusilar".

Ahora, Bejarano, a quien todos vimos embolsarse miles de dólares, sigue en libertad y Arcipreste, a quien no se le ha demostrado delito alguno, se encuentra en la cárcel... acusado de falsificar una firma de Marcelo Ebrard.

Si lo hizo, debió probarse en su momento. Pero Ebrard no vio rasgos raros en su firma sino cuando el caso estuvo perdido en última y definitiva instancia. Saquemos todos los ciudadanos una e inevitable conclusión: no hay peor riesgo que ganarle un caso al jefe de Gobierno del DF. O a su amigo Fidel Castro.

La Constitución Política dice otra cosa: Artículo 23: "Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene".

Fue a lo que se apegó la Suprema Corte, como dijo la defensa de Arcipreste a MILENIO (nota de Rogelio Hernández): "En noviembre de 2003 la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió que no procedía la revisión (acción de nulidad de juicio concluido) del pago por indemnización que solicitó, el mismo mes, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) con la firma de René Bejarano".

Dicho sencillamente: por descuido, torpeza, impericia, soberbia, corrupción (o porque no tenían razón), los abogados del GDF perdieron la demanda presentada por Enrique del Ábrego y que condena a ese gobierno a pagarle 1,810 millones de pesos por el predio expropiado. El jefe de gobierno respondió con un desacato tipificado en el Código Penal de la Federación: "Pues no pago, y háganle como quieran". Frase que le podía haber costado su destitución. A salvarlo, acudió... sí, adivinó usted, René Bejarano, con su propuesta de que el juicio, ya concluido en última y definitiva instancia a favor del particular, debía declararse nulo. La Suprema Corte aceptó revisar el caso, "pero no la sentencia misma". Esto significa que podrán volverse a examinar detalles como la valuación del terreno. Pero no la sentencia.

El gobierno de López Obrador está dispuesto a ir más lejos. Según nota de Carlos Jiménez en La Crónica: La defensa de Enrique Arcipreste denunció que su cliente ha sido víctima de hostigamiento y presión psicológica por parte de personal penitenciario en el Reclusorio Norte.

El abogado Arturo Vásquez indicó que "una persona, que se identificó como el supervisor de Reclusorios del Distrito Federal, acompañado de otros cuatro sujetos, se presentaron en la celda de su defendido para presionarlo con el fin de que firmara una declaración en la que acepta conocer al empresario Carlos Ahumada. Le dijeron a Arcipreste en tono de amenaza: Sí lo conoces, no te hagas güey no te vayas a colgar de esas varillas, no vayas a amanecer colgado...".

El abogado responsabilizó de estos hechos al subsecretario de Gobierno, Martí Batres e informó que presentarían denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

El juez 36, Enrique Gallegos, dictó auto de formal prisión a Enrique Arcipreste por fraude procesal. Se le acusa de falsificar la firma de Marcelo Ebrard, ex secretario de Gobierno de Manuel Camacho, bajo la Presidencia de Carlos Salinas, y hoy secretario de Seguridad Pública con López Obrador y el PRD (y acusado de tortura): un amo del trapecio político. Ése, en todo caso, será otro juicio.

Caradura

"Fueron espías del gobierno federal", los que atraparon a su secretario de Finanzas gastando y jugando millones de dólares en Las Vegas. Fue la queja de López Obrador. Y no se la cayó la cara de vergüenza.

la talacha fue realizada por: eltemibledani