Canal 40 y Paraje San Juan

publicado el 27 de octubre de 2003 en «Milenio Diario»
columna: «la calle»

 

La pregunta es muy sencilla: ¿debemos los ciudadanos acatar siempre la ley o sólo cuando nos parezca justa? Supongo que el cien por ciento de quienes pagamos impuestos a tasa del 35 por ciento consideramos que la Ley del Impuesto sobre la Renta es injusta y abominable. Así que en abril próximo levantaremos un coro lopezobradorezco: ¡No pago, no pago y háganle como quieran!

Quizás el jefe de gobierno del DF tenga razón y el proceso jurídico que lo obliga a pagar 1,810 millones de pesos por la expropiación del predio denominado Paraje San Juan esté plagado de vicios; por eso fue buena idea recurrir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, para solicitar una revisión exhaustiva; López Obrador tiene motivo para estar molesto y furioso.

Pero la respuesta del ministro Azuela es impecable: "la política se somete al derecho". De no ser así, todos los ciudadanos estaríamos al arbitrio de la autoridad. Los simples ciudadanos no sabemos cómo se calculó esa indemnización, pero se ha publicado que el propio gobierno de López Obrador tiene valuado el predio en 1,776 millones: poca diferencia. Los ciudadanos sin muchos conocimientos de leyes sabemos que una autoridad nos puede expropiar una propiedad, pero deberá pagarnos indemnización. Esa garantía la tenemos en el segundo párrafo del artículo 27 constitucional. Permitir que a alguien no se le indemnice una expropiación porque es "riquillo" es abrir nuestra casa al pillaje oficial: a todos nos podrá ocurrir.

También puede ocurrir, y con frecuencia ocurre, que se corrompa a los encargados de impartir justicia. De haber sido así, no es en la prensa donde debieron ofrecerse pruebas, sino en los juzgados correspondientes. Ya se hace mofa de quienes han sostenido que el gobierno del DF no presentó sus argumentos en tiempo y en forma. Con lenguaje de asamblea se tilda de "legaloide" esta objeción. En un CCH es el adjetivo con que se descalifica una discusión perdida. Pero señalar que el gobierno del DF tuvo años para demostrar que los documentos estaban alterados y no lo hizo, que la firma de Marcelo Ebrard, secretario de gobierno del DF bajo la presidencia de Salinas, estaba falsificada, etcétera, no es mero lenguaje leguleyo. Son las bases mismas de la ley, a la que todos recurrimos. Debemos presentar al juez todos nuestros argumentos antes de que cierre el proceso, o sea en tiempo; y bajo la forma exigida por los tribunales, no en los diarios o en la televisión. Cuando Televisión Azteca tomó las instalaciones del Canal 40, quienes rechazamos el uso de la fuerza nos basamos exclusivamente en la obvia ruptura de la legalidad por parte de Azteca. No sabíamos quién tenía razón. Pero resultaba evidente que Azteca se tomaba la ley en sus manos. Contra eso estuvimos. Y nadie dijo entonces que esos fueran argumentos legaloides. Era muy simple: nadie está por encima de la ley, ni aun si le asiste la justicia.

Nadie, excepto López Obrador. Cuando los habitantes de la colonia Selene, en Tláhuac, se le amparan contra el desalojo, el gobierno del DF envía maquinaria que aplaste las casuchas con todo y copias del amparo pegadas en las tablas y cartones. ¿Tienen razón los amparados? No lo sé. ¿Están ocupando ilegalmente el predio? Tampoco lo sé. Pero tienen un amparo contra actos de la autoridad y el gobierno del DF no lo respeta, lo cual es delito grave contemplado en el Código Penal. Cuando a López Obrador no le parece la sentencia que, ya sea por corrupción, omisión, negligencia, descuido o impericia de sus abogados, lo obliga a pagar una cantidad enorme por una expropiación, nos dice: primero, que la propiedad ni siquiera existe; luego admite que existe aunque se reduce a 290 metros cuadrados, luego que son 290 hectáreas, pero objeta el pago porque, a ojo, el fallo es producto de una "transa". Y su gobierno amenaza con marchas callejeras. El que saque más gente tendrá la razón. El que grite más fuerte. El que encuentre mejores argumentos morales. El que obtenga los favores de la prensa.

Buena le tocó a la Suprema Corte: no la revisión del proceso, sino el griterío desaforado y las consignas como jurisprudencia. Ya lanzó la primera López: "el pueblo/ se cansa/ de tanta —pinche— transa". Es, en resumen, su argumento. Expuesto diez millones de veces ya a nadie importará si uno de sus secretarios firmó o no el reconocimiento del adeudo, si toda expropiación debe pagarse, si en el Registro Público de la Propiedad existe o no el predio.

Quienes dicen estar con la justicia por encima de la ley, no se quejen —hagan el favor— cuando les vuelvan a tomar el Canal 40. Yo, al menos, no sé de qué lado esté la justicia en ese caso. Sólo sabía que Azteca estaba fuera de la ley, y ya. Pero acabo de aprender que decirlo es propio de "santones que defienden a priori el Estado de Derecho". Adelante pues, rateros, a tomar lo que merecen en justicia. Los débiles pensábamos que el Estado de Derecho se defendía, precisamente, a priori. Pero no es así: cada quien a rascarse con sus uñas y a comprarnos todos una .38 usada.

Adiós, Pepe

En el polo exactamente contrario de este neosalvajismo y paleoestupidez, en el polo civilizatorio, encontramos a un hombre que se nos va. Decían los romanos que la ley es dura, pero es la ley. Los mexicanos podemos decir que no pocas veces nuestra ley es absurda, pero es la ley. Nada más absurdo que desperdiciar el capital humano que constituye el IFE, y a su presidente José Woldenberg, por una ridícula prudencia que impide la reelección. Peor aún, cambiamos a todos los consejeros electorales de una sola vez y no dejamos más remedio que llenar ese vacío con novatos que tardarán años en adquirir la experiencia que estamos tirando a la basura. Es de elemental sano juicio que, al menos la mitad de los consejeros debería permanecer cuando otra mitad se renueva.

Los partidos políticos ya se disponen a la rapiña sobre los puestos del IFE: el compadre, el seguro servidor, no las personas que nos garanticen imparcialidad, honestidad y sensatez, como tuvimos en este Consejo y más que en nadie, en su consejero presidente. Ya lo escribió Jorge Fernández Menéndez: lo extrañaremos.