Ocurrió hace apenas un par de semanas. Dije a un amigo que esto nunca lo publicaría, pero es exactamente lo que creo que debo hacer. Dije que si acaso Echeverría llegara a la cárcel, cosa que dudo muchísimo por las razones que expondré a continuación, yo no pegaría saltos de gusto.

—¿No crees que lo merece?

—Es posible, pero yo le debo algo... él me sacó de la cárcel.

Eso no lo diría nunca, afirmé; pero al ver al ex presidente jaloneado, juzgado en juicio sumario y "popular" a gritos; al ver el linchamiento de la turba enardecida, cambié de opinión y aquí va.

Los detenidos por el movimiento estudiantil de 1968 recibimos un mensaje del secretario de Gobernación por vía de nuestros familiares: si nos íbamos del país, podríamos dejar la cárcel de Lecumberri donde nos esperaban largas condenas. La condición era una sola: que saliéramos por nuestros propios medios, pagando nuestro boleto, a donde quisiéramos y con absoluta discreción. Como no teníamos manera de pagar un boleto al extranjero, pedimos a los dirigentes libres que buscaran la cooperación de las asambleas. Eso canceló la negociación.

Años después, en 1971, con aquel secretario de Gobernación ya en la Presidencia de la República, se nos volvió a hacer la misma oferta: salir discretamente. El presidente Echeverría no deseaba heredar el conflicto producido por la terquedad de Díaz Ordaz. Supimos, por nuestros abogados, que el juez que nos había sentenciado, en juicios ignominiosos, se negaba a firmar las actas de libertad, por lo que la Policía Judicial lo sacó de su casa, la madrugada del día en que debíamos abandonar México, en pantuflas y piyama, lo llevó a los juzgados y lo hizo firmar las actas de libertad. Orden del Presidente.

Si la falta de independencia del Poder Judicial nos había tenido casi tres años encarcelados, ahora nos beneficiaba aunque con procedimientos ilícitos.

Así, con todo sigilo, salimos de la cárcel a pesar de estar sentenciados a más de 20 años y esperar otros tantos por otro proceso. Cuando volvieron los líderes estudiantiles al país, a escasas tres semanas de exilio (excepto yo), nadie los persiguió. A mí tampoco al volver un año después. Comenzamos a hacer la revista Punto Crítico, que deseaba ser el germen de un partido revolucionario, y nunca tuvimos problemas. No con Echeverría, los tuvimos, como siempre en la izquierda, entre nosotros.

Zona Abierta

Treinta años después, algunos de mis compañeros presentaron una denuncia contra Echeverría por genocidio. Yo no la firmé, pero pensaba que se podía llamar genocidio siempre que se mataba a mucha gente y así había ocurrido el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. Lo creí hasta hace un par de meses, cuando, invitado al programa Zona Abierta con mis amigos de entonces, que habían presentado la denuncia por genocidio, escuché la definición técnica de boca de Raúl Álvarez. Me quedé frío porque, si nos apegábamos a su propia definición, el asunto se caía: ni el 2 de octubre ni el 10 de junio hubo la intención manifiesta de "acabar con una raza, un pueblo o una etnia".

Preocupado le hice el señalamiento al fiscal especial que lleva el caso, Ignacio Carrillo Prieto: "Bajo la propia definición aportada por Raúl, no hubo genocidio". Es absurdo plantear que hubo la intención de acabar con los estudiantes o con los jóvenes. Es más: de todos mis conocidos, amigos y parientes que estuvieron en Tlatelolco no murió ni fue herido ninguno ni tampoco un conocido o amigo de ellos. Esto es: no tuve la referencia de ningún muerto con nombre y apellido.

Cuando, hace unos cuatro años, Pablo Gómez encabezó aquella comisión de la verdad nombrada por el Congreso, encontró menos de 40 muertos. Los soldados, lejos de llegar acribillando a la multitud, cuando vieron los fogonazos de los primeros disparos —los hechos por el Batallón Olimpia vestido de civil desde el mismo lugar donde había estado el último orador del mitin— daban instrucciones a la gente para ayudarla a salvarse de las balas que, pensaban, disparábamos los dirigentes. "Baja la cabeza", "cúbrete al pie de aquel muro", etcétera. ¿Cómo lo sé? Me lo contaron mis amigos allí presentes cuando se les permitieron las visitas dominicales a la cárcel.

Siempre he dicho que el Olimpia y el Ejército no estaban coordinados. Eso vuelve sospechoso a Echeverría. Pero también pudo ser el propio Díaz Ordaz quien enviara ese batallón sin avisar al secretario de la Defensa. Y también pudo ser que se les enviara nada más a detener a los dirigentes y de ellos saliera la iniciativa de comenzar a disparar. En esa confusión no es indudable la culpa de Echeverría, es tan sólo posible. Para eso la Suprema Corte ordenó investigar y se está haciendo. Pero ya se ha juzgado extrajudicialmente a Echeverría y eso no es correcto. Y no sólo porque después amnistió tanto a los que no habíamos cometido ningún delito como a los que sí los habían cometido (que los hubo), sino porque el linchamiento y el juicio sumario son expresiones salvajes.

Secuestre a su funcionario, es gratis

¿Que no se aprende rápido? Chiapas, la UNAM, Atenco: ejercer los mayores actos de violencia, quemar patrullas, secuestrar funcionarios es la mejor opción mientras el gobierno se llena la bocaza con un supuesto "Estado de Derecho" que todavía no aparece mientras, en total impunidad, se desnuda y ata a un joven policía y lo bañan en gasolina para quemarlo vivo. Faltó el cerillo. Un policía muere aplastado por un autobús de la caravana "zapatista". No hay detenidos ni investigación ni fiscal especial: ¿a quién le importa un policía?

Tras de que, con la toma de rehenes, los atenquenses consiguieron la liberación de sus detenidos, tres marinos que vigilaban el cumplimiento de la veda de camarón en la ría de Celestún, Campeche, se salvaron del linchamiento, pero no del secuestro. Los miembros de la Armada de México fueron privados ilegalmente de su libertad para canjearlos por pescadores detenidos por violar la veda. En el estado de Hidalgo, dos funcionarios del SAT llevaban, hasta el miércoles 17, cinco días secuestrados por habitantes de un pueblo. ¿El motivo? Decomisaron una camioneta con placas de Nevada. Un grupo armado de machetes bloquea un puente internacional... pero claro, ¿por qué no, si da tan buenos resultados?

Hasta hace muy poco el grave delito llamado privación ilegal de la libertad sólo era cometido por funcionarios contra personas involucradas en movimientos sociales. Éstos ya tienen su Fiscalía Especial. Al parecer urge otra Fiscalía Especial: la que investigue los delitos cometidos por ciudadanos contra funcionarios públicos.

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• 2 de octubre de 1968.

la talacha fue realizada por: eltemibledani