Se entiende el temor del presidente Peña Nieto para llegar hasta el fondo de la masacre de normalistas: es que la cadena de culpables comienza en los dirigentes estudiantiles que los enviaron de Ayotzinapa a Iguala, donde un alcalde y su esposa controlaban el negocio del opio. México es ya el primer proveedor a EU, señala el presidente Obama. E Iguala es el mayor centro de acopio de la goma de amapola en México.

Las multitudes que han salido a las calles en protesta por la desaparición de 43 normalistas, de forma extraña no gritan contra José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, prófugo y detenido por la PGR con su esposa, parte del cártel de Guerreros Unidos, aunque es autor material del asesinato de otro perredista, Arturo Hernández, y del secuestro y entrega de los normalistas a sus verdugos.

Las marchas insultan a las autoridades federales, las mismas que han detenido a todos los implicados en ese crimen: a los alcaldes de Iguala y Cocula; al capo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien confesó haber dado la orden de matar a los normalistas porque entre ellos iban miembros de Los Rojos, estudiantes de normal como los demás; a seis sicarios autores materiales del crimen del que proporcionaron espeluznantes detalles: mataron a los jóvenes, quemaron los cuerpos, rompieron los huesos, metieron los restos en bolsas para basura y los esparcieron en el río San Juan.

Pero todo empezó cuando los dirigentes estudiantiles de Ayotzinapa enviaron a los alumnos de primer ingreso a secuestrar autobuses y dirigirse a Iguala para... Hay dos versiones:

1. Leve: Interrumpir, como ya habían hecho en 2013, el informe de la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde, hermana e hija de miembros de Guerreros Unidos.

2. Grave: Algunos de los normalistas pertenecían al cártel opuesto: Los Rojos, y llevaban una tarea menos traviesa: matar Guerreros Unidos señalados. Una guerra por opio y heroína, no por mariguana.

Contra la versión 1, los normalistas no se dirigieron al auditorio del DIF sino a la central de autobuses de Iguala, donde secuestraron otros cuatro autobuses y golpearon al menos un chofer que se resistió. Pretendían seguir hasta el DF. Uno salía a Reynosa, Tamaulipas. ¿Llevaba opio oculto, enviado por Guerreros Unidos, y no lo supieron los normalistas? Para ese cártel, ¿fue evidente que a robar opio habían ido los normalistas y de ahí la orden de matarlos?

La clave está en la normal de Ayotzinapa. Ni el presidente Peña Nieto ni la PGR pueden seguir ignorando, por cálculo frío y previsión de daños, a quienes comenzaron los hechos concluidos con la masacre. La PGR debe responder a la pregunta: ¿Quién ordenó a los normalistas de primer ingreso robar autobuses y dirigirse a Iguala? ¿Por qué a Iguala? Quienes pudieron dar esa orden, muy frecuente, fueron los dirigentes estudiantiles.

¡Peña Nieto “criminaliza a las víctimas”! Los aullidos llegan hasta la Patagonia: la PGR detiene e interroga a los dirigentes de Ayotzinapa.

Para enfrentar esa conmoción, absolutamente imprescindible si se quiere esclarecer el primer acto de la masacre, la PGR deberá asumir que la apuesta es fuerte y exige una virtud que Peña Nieto parece no tener: no la negociación, en que es hábil y lo ha demostrado con su serie de reformas, sino la exposición al aire libre para ofrecer el caso Ayotzinapa resuelto. No el retorno de los muertos, porque no es Jesús de Nazaret, pero sí los resultados en todos sus detalles, la detención de los culpables faltantes y el inicio de procesos con exigencia de pena máxima que, por desgracia son nada más 40 años de cárcel.

Para eso debe afrontar el diluvio de quejicas y los aullidos de La Llorona día y noche. Pero entregar un proceso sin tacha, completo, vigilado por Derechos Humanos. Debe la PGR evaluar el grado de culpabilidad de los dirigentes que enviaron al matadero a 43 muchachos.

¿Y el asesinato de Gonzalo Rivas, quemado vivo por los normalistas que incendiaron a propósito la gasolinera donde trabajaba?

la talacha fue realizada por: eltemibledani