Corrupción institucionalizada

publicado el 17 de octubre de 2011 en «Milenio Diario»
columna: «la calle»

 

Bien por la Asamblea Legislativa del DF (y bien por Ebrard, cuya intervención sospecho sin prueba alguna): fue destituida la folklórica Edith Ruiz Mendicuti. Pero quien la sustituya recibirá ese extra de 100 mil pesos al mes por presidir la comisión de cultura y nos cobrará 409 mil pesos. Al respecto, así fuera Carlos Fuentes quien resultara al frente de esa comisioncita, sería una abominación en un país de clase media inquieta que revisa los precios en el súper antes de echar una bolsa de pasta. Y de pobres en miseria alimentaria. No puede haber esos salarios públicos. Para nadie. Por muy dotado que esté para la tarea. Destituirla no va a las causas.

Se ha formado un amplio acuerdo en el sentido de dotar al próximo gobierno federal de instrumentos para enfrentar la parálisis legislativa que tiene congeladas iniciativas tan importantes como las que hacen a la seguridad y hasta simples mandatos que no admiten dilación, como el nombramiento de los tres consejeros faltantes, ya hace un año, para tener un IFE dentro de los lineamientos constitucionales y una elección presidencial sin sombra de ilegitimidad. Tampoco se analizan iniciativas como la presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones, a pesar de ser el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado. Señala que no hay incentivos para la cooperación entre las fuerzas políticas y propone un gobierno de coalición. Lo primero se comprueba a diario: por mezquindad votan contra lo que ayer propusieron.

Un gobierno de coalición es ya clamor. Pero lo que no vemos los ciudadanos es por qué buscarán coaliciones quienes hoy sólo ven cómo meterse zancadilla. El presidente Calderón comenzó su mandato en acuerdo con el PRI, que le permitió tomar posesión cuando hasta eso se le negaba. Luego dinamitó esos puentes.

Pero no he leído una iniciativa que ponga topes a los salarios que la clase política se reparte sin que podamos hacer algo más que montar en cólera. Si es un insulto un salario de 400 mil pesos, más prebendas de todo tipo, también lo es que los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ganen 350 mil pesos y no vean violencia en eso, ni en que el IFE siga falto de tres consejeros. Todos hemos oído y leído el argumento de que los altos salarios garantizan la virtud de los impartidores de justicia (o la necesidad de más jugosos sobornos). Pero ocurre que hemos hecho institucional la corrupción, porque ése es el nombre para que un miembro de la Asamblea Legislativa del DF se embuchaque casi medio millón de pesos al mes. Legalmente.

Si, como vimos la semana pasada, el señor Lilienblum no permitía dar un uso indebido a un cerillo comprado para encender cigarros en sesiones del comité Jibat Zion, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, nos pone un ejemplo reciente:

"Mientras esperaba mi vuelo a Brasil en el aeropuerto de Miami la semana pasada, leí un artículo de los diarios brasileños de esa mañana denunciando que el Ministro de Turismo estaba usando indebidamente a un empleado gubernamental como chofer privado de su esposa. Para el momento en que llegué a Brasilia, 7 horas más tarde, el Ministro ya había sido despedido". Andrés Oppenheimer. Reforma 19.IX.11.

A nadie escandalizan en México tales abusos. Ni siquiera se perciben como tales. Son lo cotidiano, lo usual, lo común en México. Los bienes públicos son de quien tiene la llave. "Si no quiero que me den, nomás que me pongan donde hay".

Los partidos no se han rebajado los costos de su publicidad en radio y tv que hicieron gratuita por ley. El IFE demanda diez mil millones y pico para el 2012. Partidos políticos y tribunales electorales se llevarán otro tanto aunque la contra-reforma de 2007 nos la vendieron como ahorro para el ciudadano.

Los futuros candidatos presidenciales no sólo deben explicar a sus electores para qué quieren gobernar, como propone, con acierto, Beltrones, sino cuánto nos cobrarán por sus servicios. Nadie debería tener salario de dinero público por más de 250 mil pesos (y sólo gabinete presidencial, gobernadores y Suprema Corte), y ningún policía podrá ganar menos de 20 mil al mes. Es ridículo que exijamos que nos cuiden a quienes traemos con los calzones rotos.

Y, por cierto, ¿qué fue del narcodiputado Julio César Godoy, ocultado en el cubículo de Alejandro Encinas en la Cámara de Diputados, sin que hasta hoy la justicia a nadie pida cuentas?

De cómo una bellísima mujer hace todo por destruir su vida, y casi lo consigue: Olga (Planeta, 2010).