En México se restringe la libertad de expresión, señala un irresponsable e inaudito informe de Amnesty International (AI). Cuando eso dicen, se entiende que es una política oficial. Pero a Fox lo ridiculizaban en tv, a Martita la arremedaban, a Calderón lo insultan… y a nadie le pasa nada. No es pues el gobierno. ¿Serán los medios? En los últimos 10 años he colaborado en tres diarios, y en Nexos, Letras Libres, Contenido y otras revistas: jamás me han rechazado un artículo. Tampoco me he enterado de que eso le haya ocurrido a un colega. Mi único problema serio lo tuve en La Jornada, de donde me echaron por exigencia de Carlos Monsiváis. El motivo fue que pedí la revisión de un libro sobre el 68… que finalmente se revisó y mejoró mucho. Puedo afirmar que en ese diario no hay libertad de expresión, pero no generalizar un caso a todo México. Debo admitir, sin embargo, que aun en ese diario me publicaron todo cuanto presenté sobre Marcos el farsante, lo cual ahora se sabe y se admite. Sus aduladores callan. No son, pues, tampoco los medios.

Lo peor que le puede ocurrir a un organismo defensor de los derechos humanos es que ya nadie le crea. La credibilidad de AI-México es la misma que la de cualquier ONG: recoge versiones propaladas en mítines, las de "tianguis culturales" y cuanto sitio se especializa en versiones tremendistas de inmediato éxito. Los mexicanos tenemos debilidad por historias tan increíbles que deben ser ciertas: a Colosio lo mató Salinas; al cardenal Posadas, también. ¿Y El chupacabras?

Ahora, AI revive la increíble y triste historia de Ernestina Ascensión, anciana indígena de 73 años, deformada por la edad y la miseria, muerta alegadamente a causa de violación tumultuaria por militares de la campaña antinarco. AI ni siquiera se molestó, afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en consultar un expediente de 20 mil fojas con el que la propia CNDH descartó la infundada acusación: no hubo indicios de violación, pero sí de úlceras gástricas sangrantes y anemia aguda.

Hubo fuertes indicios de que el propio gobierno de Veracruz tenía interés en cancelar las operaciones militares dentro de su territorio. ¿Por qué? He aquí una buena hipótesis de trabajo para que Amnesty investigue, lo cual no parece hacer.

Pero eso no es lo peor. El colmo ha sido que Amnesty acumule, entre las víctimas de la libertad de expresión en México, a los periodistas que, por sus denuncias contra el narcotráfico, han sido acribillados por los denunciados. Las víctimas del narco se cargan a la cuenta del gobierno. ¿Y por qué a su cuenta? La respuesta dada a Ciro Gómez Leyva es para una antología de la estupidez galopante: porque el gobierno no ha cumplido con su obligación de dar protección a los periodistas.

El director de AI farfulla inconexo que "al menos seis periodistas han sido asesinados y otros tres fueron secuestrados"… por narcotraficantes. Eso ya lo sabíamos. Pero AI los pone en el mismo costal que los golpeados por la policía. Con eso lo único que consigue es perder eficacia en sus denuncias. Suena a mitin de CCH.

¿Y por qué sólo a periodistas se debe proteger? ¿No está pidiendo AI una injusticia? ¿Un trato especial y diferenciado? El primer deber de un gobierno es evitar violencia contra toda la población víctima de asaltos, secuestros, robos y asesinatos. La queja unánime, la que levantamos todos, es que el gobierno ha perdido ésa su principal función: la de protegernos a los habitantes del territorio nacional, y que ha sido desbordado por el crimen.

Que hubo y hay en Oaxaca ausencia de derechos humanos, también lo sabíamos todos sin la denuncia de AI: un maestro fue asesinado por los appos cuando intentó dar clase, un joven fue asesinado por appos empistolados al mover una piedra que le impedía el paso a su cochera, miles de trabajadores perdieron sus empleos, familias enteras quedaron en la miseria por quiebra de sus negocios, el patrimonio histórico de Oaxaca fue dañado sin remedio; un estado que recibe de la Federación el 98 por ciento de su presupuesto y tiene el peor índice educativo de todo el país (que ya es muy malo) vio cancelados por seis meses los derechos de trabajo, de paso, de educación. Los appos amenazaron, golpearon, mataron. ¿A eso se refiere Amnesty? O quizá a que el gobierno oaxaqueño debió dar protección a los habitantes de su capital y no lo hizo… por temor a una mala calificación de Amnesty.

la talacha fue realizada por: eltemibledani