Miedo a la libertad

publicado el 02 de julio de 2006 en «Milenio Diario»
columna: «la calle»

 

Los primeros datos del PREP dan ventaja a Calderón (41 por ciento) sobre López Obrador (33.5) y Madrazo (19). Pero, la alta proporción de votos que suman las dos versiones del PRI ahora existentes, la de Madrazo y la de López Obrador, expresan que la mitad de los electores mexicanos todavía padecen lo que un título de Eric Fromm llamó "miedo a la libertad". Una buena parte de la población tiene nostalgia por una presidencia fuerte, basada en la compra clientelar de voluntades, y busca refugio en un presidente-padre al que se le perdonan severidades o excesos porque promete dádivas. Resulta asombroso que una retórica de pobreza ideológica inconcebible en estos tiempos, haya logrado tal número de convencidos.

Una invención del PRI heredada al PRD sigue atrayendo adeptos: el viejo corporativismo sindical, que hace de los líderes sindicales inmediatos dirigentes políticos y súbitos multimillonarios. Lo defienden quienes lo padecen porque da seguridades, así sean mínimas. Y sigue siendo la fuente del voto duro en las dos vertientes del PRI. Las corrientes sindicales opositoras cayeron con facilidad en la trampa del cambio de careta. Si una asamblea nacional del PRI hubiera decidido modificar nombre y estatutos... nadie les habría creído. Nació en 1929 como PNR, cambió a PRM, luego a PRI. Si nos hubieran dicho que ahora se llama PRD, PRI se hubiera quedado.

El genial acto de malabarismo, a cargo de López Obrador, fue refundarlo desde la oposición. Y allí lo tenemos: aún si se confirmara el triunfo de Calderón, no deja de ser trágico contemplar las ruinas humeantes que nos dejaron 70 años de priismo: una alta proporción de ciudadanos infantilizados que no esperan del gobierno infraestructuras para la producción ni legislación facilitadora de la actividad económica, sino ayuda directa... la mensualidad de papá.

Las campañas

Un grito, un verdadero clamor nos unifica a todos los mexicanos, de todos los partidos, edades y clases sociales: las campañas políticas son demasiado largas y, por lo mismo, demasiado caras. Los ciudadanos pagamos miles de millones de pesos, auténtica, literalmente, para que durante medio año nos atosiguen día y noche con propaganda. Esto es: pagamos nuestra propia tortura. Y esa fortuna, con la que se construirían miles de kilómetros de carreteras o miles de escuelas, se va a los bolsillos de los medios de comunicación, de las dos grandes televisoras principalmente. Es injusto e inmoral en un país con las carencias y miserias de México.

Si añadimos las precampañas con las que los partidos comienzan su bombardeo de caras y nombres, los tiempos y costos se duplican. En ocasiones se quintuplican cuando un gobernante local hace de su puesto plataforma de lanzamiento.

El sistema electoral mexicano se construyó pensando en un monstruo: el PRI-gobierno que echaba mano de todos los fondos públicos para la campaña del candidato priista. Dinero, equipo y personal de todos los niveles de gobierno estaban a disposición de sus candidatos. Era lo normal. Así que se pensó en distribuir el financiamiento público de manera equitativa, considerando una ayuda proporcional para cada partido. Pero quienes diseñaron el sistema, los mismos partidos políticos, se despacharon con la cuchara grande. Así vemos, en la página oficial del IFE, que sólo para sus "actividades ordinarias permanentes", se asignaron este año más de 2 mil millones de pesos. Y otro tanto para sus campañas. Se nos van más de 4 mil millones de pesos en sostener partidos reales y ficticios. Y así logramos que el mejor negocio en México sea crear un partido político, obtener unos 50 millones al año y perder, en la primera elección, el registro y en consecuencia el financiamiento público. Unos 200 millones, limpios de polvo y paja, en tres años. Utilidad pura y neta. Para dejar esa utilidad, otro negocio debería tener ventas e ingresos por mil millones... y trabajar duro.

Con las campañas reducidas a un mes, los ciudadanos tendríamos tiempo de informarnos sobre las propuestas de los candidatos. Eso reduciría su costo público a una quinta parte, 400 millones, que son mucho dinero de cualquier forma. Y las "actividades ordinarias permanentes" de cada partido deben ser sostenidas por sus militantes.