Soy un irresponsable que ha arriesgado una demanda judicial por sugerir —sin prueba alguna—, en varias ocasiones y en público, que Luis Echeverría "pudo estar" tras la provocación montada contra el Ejército el 2 de octubre de 1968. Por una orden que sólo pudo proceder del presidente de la República (y él admitió), los uniformados rodearon la Plaza de las Tres Culturas. Ignoraban que alguien había ordenado a otros soldados, del llamado Batallón Olimpia, llegar sin uniforme a tomar la tribuna del mitin, instalada por nosotros en el tercer piso del edificio Chihuahua, detener a los dirigentes y "dispersar a la multitud disparando al aire".

¿Cómo sabemos que los soldados de verde ignoraban esa operación doble? Primero: lo supimos algunos desde los interrogatorios en el Campo Militar No.1, donde nos preguntaban por qué habíamos disparado contra el Ejército. Segundo: al recibir las primeras visitas, ya en la cárcel de Lecumberri, algunos de quienes habían asistido al mitin relataban que los soldados les ordenaban protegerse de los disparos procedentes de arriba y que, al preguntar quién disparaba, los soldados respondían: "tus compañeros". Los uniformados suponían que habíamos sido los dirigentes quienes los habíamos recibido a balazos. Tercero: los soldados heridos declararon al MP que habían recibido la orden de responder el fuego luego de que "los dirigentes estudiantiles", o sea nosotros, les habían disparado. Conclusión: los uniformados siempre supusieron que los civiles que disparaban desde la tribuna del mitin eran los dirigentes estudiantiles.

Lo suponían porque ignoraban que, segundos antes, habíamos sido detenidos por el Batallón Olimpia y que eran los miembros de éste los que disparaban. ¿Cómo lo sabemos? Algunos, porque los vimos. Pero además porque el Ejército acertó a varios miembros del Olimpia que, heridos, declararon ante el Ministerio Público que pertenecían a ese Batallón bajo el mando del capitán Ernesto Gómez Tagle, que habían recibido la orden de llegar al mitin de Tlatelolco en ropa civil, identificarse con un guante blanco en la mano izquierda, detener a los dirigentes y dispersar el mitin "disparando al aire", según declara, entre otros, el teniente Sergio Alejandro Aguilar Lucero.

Si al Ejército sólo pudo movilizarlo una orden presidencial, ¿quién mandó en secreto al Olimpia? Bien "pudo ser" el secretario de Gobernación, he dicho allá y acullá. ¿Pruebas? Ninguna como no sea un "me late" que no bastaría a ningún juez para "obsequiar" una orden de aprehensión contra Luis Echeverría. Ese era el trabajo que, se supone, iba a hacer la Fiscalía Especial. Para latidos, llevamos 35 años de taquicardia.

Con exactamente la misma lógica sensata "nos late" que, ya convertido en presidente, Luis Echeverría mandó disolver a balazos la manifestación del 10 de junio de 1971. ¿Por qué? Porque es un criminal. ¿Cómo sabemos que es un criminal? Pues porque dio esa orden. Con todo, es una hipótesis verosímil, plausible, creíble, factible, cuerda. Era lo que había que probar, porque ante un juez no basta que las cosas sean posibles, deben quedar probadas. El juez Ferrer McGregor, que nos sentenció hace 35 años, debe encontrarse en el fondo del infierno por olvidar ese principio elemental del derecho: ¿era posible que los dirigentes detenidos el 2 de octubre hubiéramos disparado contra el Ejército? Claro que sí: estábamos en el lugar de los hechos y pudimos desear, como dijo el presidente Díaz Ordaz, unos muertitos para revitalizar un movimiento alicaído. Pero nunca se nos comprobó ese homicidio tumultuario y el juez dictó sentencia en olvido absoluto de que tenía en la mano la motivación y hasta la oportunidad, pero le faltaban las pruebas.

Para ordenar la masacre del 10 de junio, Echeverría tuvo la oportunidad (era presidente), y pudo tener la motivación (no se me ocurre cual). Faltan las pruebas. La Fiscalía está obligada a encontrarlas. Debe también verificar otras hipótesis, entre ellas la que sugiere el acusado: Echeverría dijo en 1971 que los responsables habían sido "los emisarios del pasado", expresión codificada en lenguaje priista que, traducida, significa: "Fue el ex presidente". Y ahora sabemos que Díaz Ordaz pensó en cambiar de candidato presidencial cuando Echeverría, en plena campaña, guardó un minuto de silencio por los caídos el 2 de octubre, acto que le impusieron al candidato los estudiantes de Morelia. No quedaron en buenos términos. Por los hechos del 10 de junio, el presidente Echeverría acusó a Martínez Domínguez, jefe del Departamento del DF. Y lo destituyó. Pero ante una matanza no se despide al responsable. Echeverría debió someterlo a proceso. No lo hizo, quizá porque no se usaba, y así se convirtió en sospechoso.

Los ciudadanos tenemos todo el derecho a sospechar lo que nos venga en gana, y hasta a comentarlo, hacer chistes, etcétera. Pero la autoridad judicial debe proceder exclusivamente por pruebas. Los indicios sirven únicamente para investigar. Quienes ocupamos un espacio en un medio podemos hasta llegar a la irresponsabilidad de dar por buenas nuestras hipótesis: porque son nuestras nos parecen clarísimas e irrefutables, si no nos lo parecieran no las haríamos nuestras. En países más quisquillosos en asuntos legales se corre el riesgo de resultar perdedor en una demanda multimillonaria. Aquí nos envían cartas.

No veo la utilidad de ordenar una matanza, ni el 2 de octubre ni el 10 de junio. De todos los dirigentes estudiantiles detenidos en el Campo Militar No.1 todos llegamos vivos a Lecumberri. Todos, absolutamente todos. Teniéndonos en su poder, los genocidas no mataron a ninguno. Es como si la Gestapo hubiera perdonado la vida a todo el gran rabinato de Varsovia. Por eso estoy convencido, sin pruebas, de que los directamente responsables de esas masacres criminales fueron los directamente ejecutantes: el miembro del Olimpia que no disparó al aire, sino sobre la gente; el halcón que cambió la vara de kendo por la metralleta.

Por supuesto es una posibilidad tan anticlimática como la que sostiene que Digna Ochoa se suicidó o que el Titanic chocó con un simple iceberg y la suma de pequeñas fallas lo hundió, o que Gustavo Ponce, el jugador secretario de Finanzas del DF, no fue asesinado por la PGR. Chin.

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• 2 de octubre de 1968.

la talacha fue realizada por: eltemibledani