"Lopez Obratorivs Feci"

publicado el 19 de julio de 2004 en «Milenio Diario»
columna: «la calle»

 

Acabamos de saber los mexicanos que Pro-Vida empleó parte de los 30 millones recibidos de la Secretaría de Salud —del presupuesto para combatir el sida— en algunas compras como plumas Mont-Blanc, tangas y bikinis, sacos de marca, etcétera. Fue posible localizar esa escandalosa información gracias a que todas las dependencias del gobierno están obligadas a informar de sus gastos y mostrar las facturas correspondientes. Lo hace posible uno de los escasos logros del torpe gobierno federal: el acceso a la información es obligatorio por ley.

Excepto en la capital de la República. Allí dice su jefe de gobierno que basta y sobra con sus conferencias. O sea, con su palabra tenemos. ¿Y para qué, si no para complotar en su contra, queremos saber a cómo y a quién compra la varilla o el cemento? Por eso el Consejo de Información Pública del DF (conocido como Consejo de la Transparencia) sigue sin existir: primero consiguió López una suspensión del acuerdo por el que se creaba porque, dijo sin sonrojo, la transparencia era ya completa en su gobierno y no había por qué gastar en estorbosos consejos de vigilancia ciudadana. La Suprema Corte de Justicia revocó la suspensión en noviembre pasado, ordenó a López que nombrara representantes y que el Consejo de Información Pública del DF se instalara enseguida.

A los tres consejeros ciudadanos previamente elegidos les exigió la renuncia René Bejarano (no un homónimo, sino el mismo de los fajos de dólares que aún no sabemos dónde quedaron ni a cambio de qué los recibió), cuando capitaneaba la Asamblea Legislativa, porque a su patrón, el jefe de gobierno, no le gustaron los elegidos.

Uno aceptó la orden del jefe de gobierno. Dos resistieron: Ma. Elena Pérez-Jaén y Odette Rivas. René Bejarano impuso como tercer consejero y presidente a aquel Gustavo Velásquez que ocultó información como contralor ciudadano en el Metro, sobre quien pesa la acusación de haber falseado información acerca de su residencia en el Distrito Federal, y de conocida cercanía con la contralora Bertha Luján. Luego les encimó otros 15 consejeros... representantes del gobierno cuya transparencia debían vigilar. De 18 hay dos independientes y 16 impuestos.

¿Impuestos para qué? Para construir sin presupuesto asignado, sin estudios previos y hasta sin el conocimiento del secretario de Obras, los inútiles elefantes blancos que recordarían, cada minuto, como supermonumentos, que el jefe de gobierno sí trabaja. El drenaje no se ve, los monumentos son siempre criticados como gasto inútil, el combate a la delincuencia afecta al ambulantaje del dúo amigo de López: Bejarano y Padierna, un banco de datos para intercomunicar patrullas e investigadores tampoco se ve. López encontró la solución perfecta: los segundos pisos, grandiosos arcos del milenio que a ciudadanos ignorantes de que no han servido en ciudad alguna (porque nomás cambian el tapón de un lado a otro), parecerían buena solución al horrendo tránsito del DF. Estos magnos arcos triunfales llevarían inscrito un enorme "LOPEZ OBRATORIVS FECIT", como réplica centuplicada del Arco de Constantino.

¿Pero cómo pagarlos? Se están localizando desvíos tomados de los servicios urgentes para los más pobres, como atención a la salud y Metro. Se encontrarán otros: recuerden ustedes que el padrón de asistencia a los viejitos también es ultrasecreto. Si no lo cree, pídalo.

Por todo eso, el Consejo de Transparencia para el DF sigue sin existir. Denuncia una de las dos consejeras ciudadanas, Pérez-Jaén: "El Consejo de Información Pública tenía para ejercer, el año pasado, 25 mdp. Nunca se ejercieron. Para este año tenemos 12 mdp. Todavía no los han querido liberar. No tenemos oficinas. No tenemos equipo de apoyo. Un verdadero drama."

El exiguo presupuesto no se entrega; baja a menos de la mitad, y tampoco se entrega. Pero la Oficialía Mayor del DF se aumentó el presupuesto a casi 508 millones, incremento de unos 76 millones de pesos. La Secretaría de Gobierno incrementó su alto presupuesto de mil 249 millones en 37 millones más. La Contraloría General pasó de 192 millones a 206 millones, 14 millones más, según el decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2003 y el de 2004. La transparencia en el gasto queda a cargo de 18 consejeros,16 representan diversos órganos del gobierno capitalino. Mejor, imposible. La próxima vez que me caiga una auditoría de Hacienda (llevo dos al hilo), sigo el Método López: rentar una oficina, contratar unos contadores, rotular "Despacho de Auditores, AC" con letras doradas en la puerta e informar a Hacienda que ese despacho es el único cuyos resultados son confiables.

Genocidio

Literalmente significa "matar un pueblo". Es un neologismo, una palabra nueva, acuñada para dar nombre a una monstruosidad que no lo tenía: lo que hicieron los nazis, entre 1933 y 1945, contra judíos, gitanos, homosexuales y discapacitados, que fue un intento de exterminio total y completo. El Código Penal mexicano lo define así en el texto de 2004: "Artículo 149 bis. Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quince mil a veinte mil pesos."

Como la prescripción de un delito se calcula sumando las penas menor y mayor y dividiendo entre dos, prescribe en 30 años.

Ruego a Dios en las alturas que sea un infundio contra el fiscal Carrillo Prieto, hombre con una tarea abrumadora, eso de que sostuvo en una entrevista por radio que el 10 de junio de 1971 se había cometido genocidio porque algunos de los muertos pertenecían a la Universidad Na-cio-nal y otros al Instituto Politécnico Na-cio-nal. O sea, Nacho querido, que si hubieran sido pinches muertos de la Ibero no serían materia de genocidio. No lo son, salvo que se pretendiera exterminar a todos los alumnos, fueren de la UNAM, de la Ibero, del Tec o del Instituto Juárez de Champotón, sólo por el hecho de ser alumnos de esa institución y sólo por eso.