Los gobiernos mexicanos, del nivel que sea, en estos años de democracia no han logrado aprender la diferencia entre reprimir y aplicar la fuerza del Estado en el nivel que cada situación exija. Del último ejemplo todos fuimos testigos en días pasados: entre los manifestantes contra la Cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara, una minoría belicosa no tan pequeña decidió atacar a los policías que les cerraban el paso. Emplearon palos, piedras, fuego y hasta las propias barreras metálicas, que levantaron y lanzaron sobre la cabeza de los policías. Fue pasmoso ver que éstos se limitaran a levantar sus escudos, a esconder las piernas desprotegidas cuando se las golpeaban con varillas y palos blandidos por debajo de los escudos, a protegerse de un bote de espray convertido en soplete cuyo fuego les dirigió al menos un manifestante. Y no respondieron. Los policías tenían todo el derecho y no lo hicieron. Era el momento preciso para actuar, no sólo en defensa propia, como concede la ley a cualquier persona, sino para imponer orden; responder con la fuerza necesaria para defenderse, dispersar a los atacantes y evitar el asalto de comercios y el vandalismo contra la ciudad. Fuerza necesaria.

Hay equipo antimotines que lanza chorros de agua a presión, hay gases lacrimógenos que dispersan a quienes atacan comercios, los roban o los destruyen por el simple gozo del vandalismo frenético. No se emplearon.

Pero cuando los atacantes ya se habían dispersado, los mandos policiales dieron la peor orden: "¡Encuéntrenlos y deténganlos!" ¡Si los habían tenido enfrente! ¿Quién habría levantado la voz para defender el derecho de los manifestantes a quemar policías, a golpearlos con barreras de hierro?

Policías enfurecidos por horas de acoso, golpes, insultos e impotencia, salieron luego como carritos de fricción, como perros azuzados para la pelea, a buscar por las calles a sus atacantes. De memoria, a ojo de buen cubero les pareció sospechoso todo joven de negro, pelón o greñudo, con arete o con tatuaje, con morral o con mirada inconveniente. Y, habiendo tenido la razón y la ley de su parte, se deleitaron descargando su contenida (y explicable) furia sin otra guía que la indumentaria o el aspecto: represión en vez de fuerza necesaria. No cayeron los que lanzaron barreras de metal sobre las cabezas de los policías ni quien intentó quemarlos con un lanzallamas improvisado ni los muchos que les acertaron buenos palos por debajo de los escudos de plástico, sino quienquiera que se les pareciera. Y ya detenidos, descargaron sobre ellos el rencor, no la ley, la venganza del humillado, tomaron represalias y se pagaron la vejación en pocos culpables y muchos inocentes detenidos al azar de la apariencia o de la juventud.

O sea, hicieron los jefes policiacos tapatíos como los complotistas contra López Obrador: cuando ya lo tenían cogido de por allá con las pruebas fehacientes de la corrupción en su gobierno, lo dejaron ir por atacar con la más esmerada torpeza. Y ya se proclama héroe. Similar fue lo ocurrido: los policías perdieron su oportunidad de responder cuando tenían enfrente a los culpables, sin duda ni búsqueda alguna: frente a ellos, atacando, gritando, y se tomaron desquite en quien pudieron.

El libre tránsito. Ahora nos vienen a decir, como si fuéramos asnos, que la policía impidió el derecho constitucional al libre tránsito cuando cerró calles céntricas de Guadalajara para seguridad de los jefes de Estado y de gobierno reunidos un par de días (la poca utilidad de esos cónclaves sería otro asunto). La autoridad, porque en ella hemos depositado los ciudadanos la administración de la ciudad, puede hacer lo que a un particular se le prohíbe: pintar las rayas del pavimento, desviar el tránsito, excavar para meter drenaje y, por supuesto, cerrar las calles cuando un trabajo lo exija. Para eso la elegimos.

Pero también fueron elegidas las autoridades para imponer el orden y hacerlo siguiendo las normas legales del caso. No lo han hecho. No lo hacen nunca: o no lo intentan o lo hacen mal. En la capital de la República han desfilado impunemente grupos armados, el pillaje ha sido la constante de toda manifestación y los gobiernos federal y local se acusan mutuamente de inacción. La delincuencia alcanza en el país impunidad total en 98 por ciento de los casos. La gente prefiere no denunciar los delitos porque hacerlo es engorroso, un fastidio y, sobre todo, inútil. La policía huye ante los delincuentes y se encarniza con el inerme. Pierde el respeto ciudadano en ambos casos, cuando no hace y cuando hace, cuando le pegan y cuando pega. Actúa siempre en el momento equivocado y contra las personas equivocadas.

Parece que no hay remedio: bajo cualquier partido, cualquier signo ideológico, cualquier nivel de gobierno, las autoridades son incapaces de actuar cuando deben, con las limitaciones de ley y, sobre todo, con eficacia. El hampa se abastece de policías, despedidos y en activo; la policía busca sus efectivos en el hampa menor. Por decenios las autoridades olvidaron el entrenamiento, la investigación, la ciencia, la tecnología, el laboratorio indispensables para dar con los culpables de un delito. Y sobre todo, olvidaron la formación ética y jurídica de los encargados de aplicar la ley, una ley que no conocen.

La reportera Karina Soriano, de La Crónica, encontró un memorándum por el que Carlos Paniagua, director de Servicios Legales del DF, previno, desde hace tres años, al director de Servimet, empresa de la que, según la nota, López Obrador es presidente del Consejo de Administración: "No omito manifestar a usted que en caso de no acatarse lo dispuesto por el juez... se puede hacer incurrir al jefe de Gobierno en una violación a la suspensión definitiva concedida, lo cual trae como consecuencia que se le considere como desacato." La advertencia a la empresa constructora tiene número de oficio DGSL/248/2001, dice la reportera. Al parecer no agradeció el jefe de gobierno ese intento por ahorrarle el conflicto que hoy vive, pues el director de Servicios Legales del DF pasó a ser "ex".

la talacha fue realizada por: eltemibledani