El financiamiento público de los partidos políticos, o, más claramente, el pago que les hacemos los ciudadanos para que se equipen, compren casas, coman y viajen sus dirigentes, es ya escandaloso. Más aún lo es en un país que los mismos partidos insisten en mantener en la pobreza y en impedirle el crecimiento a tasas chinas del 8 al 9 por ciento anuales.

Nuestra infantil democracia debió dar sus primeros pasos alimentada con el biberón del subsidio a los partidos porque la aplanadora del PRI, como la llamábamos, no dejaba crecer el menor brote ajeno al partido de Estado. Así que comenzamos por lo mínimo: exención de impuestos en 1962-63. Luego, en 1973, franquicias postales y telegráficas, así como acceso a radio y TV. Eso permitió un mínimo respiro en la sofocante opresión del PRI.

Con la reforma política de 1977 comenzó el financiamiento público de los partidos, primero sin reglas, con reglas desde 1987. Ahora, por mandato constitucional, el financiamiento público debe prevalecer sobre otros ingresos.

"Respecto al financiamiento público, la ley establece tres conceptos diferenciados para su otorgamiento... El primero es el relativo al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes...". Se distribuye "un 30% en forma paritaria entre todos los partidos con representación parlamentaria y un 70% de acuerdo con la votación obtenida en la elección de diputados precedente."

"El segundo concepto es el relativo a gastos de campaña y, como su nombre lo sugiere, sólo se asigna el año de la elección. Su monto y distribución es análoga al del financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias..." es decir, cada partido recibe el doble si hay elecciones.

"El tercer concepto es el destinado a subvencionar sus actividades específicas y se otorga en función de los gastos comprobados (hasta un 75% del total) que realicen anualmente en actividades de educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como en tareas editoriales."

Vamos por partes. Para saber de qué tamaño es la rebanada, debemos saber el tamaño del pastel. El IFE pidió a la Federación un presupuesto de casi 6 mil millones de pesos, de los cuales poco más de 2 mil millones son para los partidos. De allí, 600 millones se los reparten al parejo y los 1,400 millones restantes en proporción a los votos obtenidos.

En un país de primer mundo, como Gran Bretaña, se destinan 2 millones de libras, unos 300 millones de pesos, al mismo fin: ¡Veinte veces menos! No debería asombrarnos en un país con gobernadores que se asignan salarios superiores al del primer ministro, Tony Blair (y son 31 gobernadores) y el jefe de Gobierno del DF tiene un chofer que gana 90 mil pesos al mes (antes de impuestos).

De ahí que nos haya surgido el furor por hacer partidos: no hay negocio más redondo porque el riesgo es nulo: si luego de la primera elección se pierde el registro, nada ni nadie exige la devolución de lo recibido. Lo caido, caido. Pregunten si no a las familias dueñas de los partidos Sociedad Nacionalista y Verde "Ecologista", entre las más prósperas empresas.

Pero ya no existe la aplanadora priista, los tiempos en los medios se reparten, las elecciones se ganan y pierden en las urnas, los gastos de campaña tienen un tope y se rinden cuentas ante una Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos, ¿por qué los ciudadanos debemos seguir pagando las campañas de candidatos contra los cuales estamos? ¿Por qué pagar la "educación y capacitación política" o la "investigación socioeconómica" de quienes deseamos ver desaparecidos de la escena? Una obligación del militante partidario es financiar los gastos de su partido. Que lo hagan, y destinemos esos 2 mil millones a la educación en física e ingeniería para competir con China y Corea.

José Padilla, en el hoyo

Su abogada, Donna Newman, llama "un hoyo negro legal" a la situación de José Padilla. De nacionalidad estadunidense, Padilla fue arrestado en el aeropuerto de Chicago como sospechoso de estar involucrado en planes para detonar una "bomba sucia", una pequeña bomba atómica, en algún lugar de los Estados Unidos. Las siglas de "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT Act)" dan nombre a los nuevos poderes que niegan toda la tradición democrática de los Estados Unidos. El caso ha sido ampliamente tratado y sólo el NYT señala una decena de títulos: «Casualty of war» The Bush Administration's Assault on a Free Press. «The soft cage» Surveillance in America From Slavery to the War on Terror. «Lost liberties» Assault on Personal Freedom. «he war on the bill of rights». «The war on our freedoms», etc.

"El enemigo ha hecho del mundo entero su 'campo de batalla', dice el gobierno, así que cualquiera que capturemos en 'batalla' puede ser etiquetado (por el comandante en jefe) 'combatiente enemigo', eso significa alguien con pocos derechos bajo nuestra Constitución. Esto es cierto aun si el detenido es un ciudadano estadunidense capturado en los Estados Unidos —como José Padilla... Padilla podría ser terrorista, pero eso no excusa el mantenerlo en confinamiento solitario en una prisión de la Marina, desde junio del 2002, sin cargos." NYT, 22 de febrero de 2004.

El columnista Nat Hentoff señala en Free Inquiry de diciembre/enero que Padilla "permanece indefinidamente en confinamiento solitario y sin acceso a su abogada." En el alegato, Padilla versus umsfeld, un impresionante conjunto de jueces de distrito y otros pilares de la barra de abogados, dice NH, "acusan al presidente de amenazar 'la regla legal básica' sobre la que nuestro país fue fundado: el rol del poder judicial federal y la separación de poderes." José Padilla, para todos los efectos legales, está "desaparecido" en el país de la legalidad y la democracia. Como lo están todos los detenidos que, sin proceso ni acusación alguna, llevan dos años enjaulados en Guantánamo, territorio estadunidense.

la talacha fue realizada por: eltemibledani