El juez español Baltasar Garzón se ganó el respeto del mundo cuando consiguió el arresto del ex dictador chileno, Augusto Pinochet, a quien acusó de torturar y asesinar ciudadanos españoles durante el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende hace 30 años. Si bien, Inglaterra transformó la merecida cárcel en arresto domiciliario, y la celda en villa victoriana donde Pinochet tomaba el té de la tarde con su amiga Margaret Thatcher, el juez Garzón anotó un tanto contra la impunidad.

La noticia corre entre las agencias internacionales: autoridades mexicanas humillaron al juez Garzón y al fiscal de la Audiencia Nacional, Enrique Molina Benito, cuando intentaban asistir, por invitación oficial, al interrogatorio de los supuestos etarras detenidos en México y solicitados en extradición por España.

La vejación corrió a cargo del gobierno del Distrito Federal, de quien depende el reclusorio donde intentaron sellar con un número de identificación el antebrazo del juez, estilo Auschwitz. Del gobierno, y no de un celador, porque la visita del juez al Reclusorio Norte se dio, según sus propias palabras: "En cumplimiento de lo ordenado por su autoridad, con la intención de asistir a la práctica de las diligencias acordadas y autorizadas por los responsables mexicanos en la Comisión Rogatoria Internacional". Se refiere el juez al interrogatorio de presuntos miembros de la organización terrorista vasca ETA. La presencia de esa Comisión Judicial era pues conocida en los más altos niveles del gobierno del DF. Y sólo desde allí pudo partir la orden de no facilitar el ingreso del juez y el fiscal españoles.

A Garzón no le prohibieron el acceso porque su presencia violara la Constitución, como luego dijo con su habitual ligereza López Obrador, según EFE. Esas habrían sido razones jurídicas ridículas, pero razones. No, nada de eso, a Garzón lo humillaron hasta hacerlo desistir de presenciar la diligencia. Enseguida hizo denuncia del trato vejatorio: A pesar de que el juez y su comitiva participaban por invitación oficial, ninguna autoridad, carcelaria o del DF, se hizo cargo de ella. Comenzaron por negarles entrada por el acceso destinado a funcionarios y autoridades; en el acceso para familiares se les sometió a las revisiones ordinarias, con las que se impide el tráfico de armas y drogas a la cárcel. El juez denuncia que fue "cacheado y registrado mi maletín en el interior de una cabina por un funcionario de prisiones". Sí, es lo usual para evitar que el visitante introduzca droga o armas. Las mujeres visitantes deben someterse, además, a una revisión vaginal. ¿La Comisión Judicial era sospechosa? ¿No eran observadores internacionales en el cumplimiento de una orden?

El juez aceptó parte del trato humillante que recibe quien visita a un preso. Pero se resistió a ser marcado "con un número de identificación". Al llegar a ese punto, "la situación", entendió, "era cuando menos vejatoria para el cargo que ostentamos el señor fiscal y yo mismo". Y no supo que le faltaba todavía la revisión rectal, porque allí también caben armas y drogas.

No debería sorprender a nadie que el PRD, luego de dar empleo a miembros del Batallón Olimpia, el grupo que acribilló estudiantes y soldados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, y de hacer senadora a la amante del presidente Díaz Ordaz, ahora emplee su autoridad en una manifestación de soberbia propia de la ultraderecha. Así se corresponden las simpatías ideológicas del PRD con ETA.

Cuando el hoy secretario de gobierno del DF, Alejandro Encinas, visitaba en Lecumberri a sus camaradas, podría quejarse de muchos malos tratos y de revisiones ultrajantes, pero nunca de que le pintaran un número en el brazo. Imaginen ustedes el reporte que habría hecho a Amnesty International, a Jean Paul Sartre y a cuantos quisieran escucharlo si hubiera sufrido un atropello como el que ahora sabemos deben aceptar todos los visitantes. Y hasta quienes no lo son, como el juez Baltasar Garzón. No, no, no: si la neoderecha en el poder es terrorífica. Es mucho peor que el PRI de los últimos tiempos.

La vejación al juez Garzón y al fiscal de la Audiencia Nacional, en reverencia a ETA, es la última anécdota de López Obrador, vengador de Pinochet. No sólo debió de conocer los hechos en el momento en que ocurrían (porque el visitante no era un desconocido ni pudo ser un necio celador quien tomara las decisiones), sino que, en uno de sus típicos alardes autoritarios, añadió otro insulto: "Baltasar no entra, ni entrará en el Reclusorio", según destaca Francisco Arenal en MILENIO, y observa algo evidente: no es asunto del jefe de gobierno decretar quién entra y quién no a las audiencias que competen al poder judicial. Nuestro aprendiz de tiranuelo sigue instalado en los tiempos en que escribió el Himno al PRI y los presidentes daban órdenes a los jueces, como su admirado Echeverría, a quien imita en toda su megalomanía, sus obras ostentosas pero inútiles, sus recetas económicas de tarjetazo y deuda.

No es necesario ser cristiano para sentir horror por el fariseísmo de un hombre que dice combatir el "neoliberalismo" y privatiza el centro del Distrito Federal, impide por todos los medios la revisión de sus gastos, ostenta como propaganda un humilde Tsuru y asigna a su chofer sueldo de casi 90 mil pesos (menos impuestos), suficiente para comprarse un Tsuru mensual desechable, levanta su enérgica voz contra el ex presidente De la Madrid cuidando muy bien que sea ex, porque cuando era Presidente en funciones y López encabezaba el PRI en Tabasco, nunca escuchamos esas viriles denuncias.

Tarea para reportero: encontrar la lista de alimentos comprados por algunos perredistas sobrados de peso, como Alejandro Encinas, Martí Batres, Pablo Gómez et al. y calcularle el 10 por ciento que pagarían de IVA, dividirlo entre el precio de un desayuno escolar. Así sabríamos cuántos niños se quedan sin desayuno para que estos panzones se alimenten a todo lujo sin pagar impuestos.

la talacha fue realizada por: eltemibledani