Legislar ataques de anarco-pirrurris

publicado el 24 de junio de 2013 en «Milenio Diario»
columna: «la calle»

 

La ALDF aprobó en 2002 reformas al artículo 362 del Código Penal de la ciudad. Era jefe de gobierno AMLO. Quería paz: Publicó la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de julio de 2002: "Capítulo II. Ataques a la paz pública. Artículo 362. Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación." (Énfasis añadidos).

En diciembre de 2012, ya con otra urgencia, joder a Mancera, la ALDF, dominada por filo-bejaranos, redujo el castigo a "de dos a siete años" para permitir la salida con fianza de quienes el 1D incendiaron y destruyeron varias cuadras del centro en el DF. Por supuesto se atacó la paz pública, pero cometieron todos los demás delitos definidos en el 362.

El cursi texto "perturbar la paz pública" no lo tocó la ALDF, allí sigue aunque es indigno de la izquierda por indefinido. Pasar gritando "pitayas" durante el mayo tapatío es un ataque a la paz pública. Contra reglamentos municipales y contra toda sensatez, una avioneta pasa quemando tendederos para anunciar un circo, unas ofertas. Ataca la paz pública. ¿Se abre debate en la Suprema Corte?

La ALDF debió modificar la redacción, no la penalidad, desde el chocante nombrecito del Capítulo II, y eliminar la frase: "que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal". Eso es vago, ñoño, melindroso y, peor, "de usos múltiples". Señaló en estas páginas Pablo Gómez: suena al viejo delito de "disolución social", útil para encarcelar a placer de la autoridad. Pero hizo trampa el senador-diputado al ir contra la penalidad y no contra el texto: "paz pública", que allí sigue.

El 1D hubo "incendio, violencia extrema y actos contra las personas, las cosas o los servicios públicos", como define, todavía, el Código Penal del DF. Llamar a eso "ataques a la paz" es como llamar "ataques a la salud" al homicidio. Aunque lo sea.

En el caso de las agresiones a la policía para recordar el 10 de junio, no hubo previa acción policial contra los manifestantes, como eran las costumbres pre-68: los granaderos llegaban para impedir las manifestaciones. Nadie hizo lo mismo este 10 de junio. Hubo, como debe ser, vigilancia y filas de policías dispuestos para impedir el ingreso de manifestantes a edificios públicos, ataques a comercios, pintarrajeado de la cantera del siglo XVIII.

La agresión la iniciaron algunos manifestantes, y porque sí, porque se debe golpear a chotas y cuicos. Es "la lucha". El gobierno del DF intentó calmar los ánimos enviando a dos funcionarios: Pedro Bello Aguilar, director de Gestión Social de la Dirección de Concertación Política, y Carlos Díaz Morales, de la misma. Acabaron en el hospital. Bello con lesiones en las vértebras cervicales, Díaz con fractura de mano y ambos con golpes en cuerpo y cara, insultos y escupitajos. Con sangre, huesos rotos y ropa desgarrada salieron los negociadores del GDF. ¿Y?

Hubo policías quemados con molotovs arrojados a las piernas y lanzallamas al rostro, con losas de cantera arrancadas al Zócalo para aventarlas sobre sus cabezas: delitos graves, delincuentes amparados en la inexplicable orden que mantuvo inmóviles a los policías mientras los tundían y quemaban.

No hubo, siquiera, una carga de policías que los manifestantes repelieran, sino valla de escudos que dos decenas de halconcetes frenéticos tundieron con tubos, piedras y fuego. Es un delito que debe legislarse ya o tendremos una renuncia en masa de policías. Muchos la aplaudirían porque sigue vivo el reflejo universitario, pequeño-burgués, clasemediero, naricita respingadita, que exclama que jamás llamaría una patrulla porque bla, bla, bla, sigue rollo anarco-pirrurris.

Esto es, la ALDF debe reimponer la penalidad legislada, con atino, por López Obrador: hasta 30 años. Pero borrar las indefiniciones, cursilerías y tutelas de la autoridad que siguen vigentes en el Código Penal del DF, modificado con el solo fin de soltar a sus mercenarios y no de legislar con objetividad.

 

la talacha fue realizada por: eltemibledani
 

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