Guardias o delincuentes: ¿sálvese quien pueda?

publicado el 25 de febrero de 2013 en «Milenio Diario»
columna: «la calle»

 

La razón número uno de que los ciudadanos paguemos la existencia del Estado con impuestos es que nos dé seguridad. Los servicios pueden ser de fuentes privadas, pero aceptamos no portar espada y luego pistola para defendernos porque hay gendarmes a cargo. Han sido milenios los que ha tomado construir el Derecho, desde el Código de Hammurabi y el Derecho Romano hasta la reforma que introduce en México los juicios orales: quién, cómo y cuándo nos puede arrestar, cómo se presentan pruebas de cargo y descargo, cómo se trata a un acusado.

Una infinidad de leyes, códigos y reglamentos exige años para formar abogados para la defensa y la fiscalía, más años para tener un juez que conozca los laberintos de la ley. Otros más para las especialidades: diversos juzgados, abogados y jueces de asuntos laborales, juicios civiles por adeudos, juicios penales por robo y homicidio.

Y un buen día todo eso queda a cargo de autonombradas "guardias comunitarias" que se arrogan el derecho de arrestar y acusar a otra persona, imponer retenes en carreteras o calles, y juzgar, sentenciar y ejecutar sentencias, aún de muerte, si los deja el gobierno desbordado por ellas. No conocen las normas internacionales que rigen los derechos de cualquier detenido, les basta el grito de una multitud que señala delincuentes, como los quemados vivos en Tláhuac.

Los protocolos a que debe ajustarse la policía al detener a un ciudadano deben memorizarse y no los conocemos las mayorías (y peor: tampoco las minorías encargadas de aplicar la ley). Las autonombradas "guardias comunitarias" cometen secuestro, simple, vil y llano secuestro, al detener sin flagrancia. Por el Artículo 16 de la Constitución, "guardias comunitarias" o no: "En caso de delito flagrante cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata (...)", cuarto párrafo, cursivas mías.

Y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se detiene donde un grupo de civiles obstaculiza el libre tránsito, muestra armas, las dispara cuando lo cree conveniente... y los felicita. Ha hecho la declaración de inexistencia de poderes más firme: el estado de Guerrero no puede hacer cumplir la ley: ¡Sálvese quien pueda! Y punto final.

La diferencia entre delincuentes, torturadores, secuestradores, homicidas y "guardianes" se desvanece: nadie en la "guardia comunitaria" conoce los derechos humanos universales ni menos los derechos de todo acusado. La presunción de inocencia es una complicación legaloide: "Tú mátalos, después güiriguas...", dicen que recetó Pancho Villa cuando uno de sus subordinados trataba de explicarle detalles complejos acerca de unos detenidos.

La Constitución sí nos da derecho a defender nuestra vida y propiedades por propia mano. Pero también dice cómo y cuándo. No sólo debe haber flagrancia, sino respuesta equivalente. Puedo disparar contra un intruso en mi casa, siempre y cuando ya esté dentro y lleve también arma de fuego. Si lo mato y resulta un intruso desarmado, ya me compliqué. Puedo alegar en mi descargo: temor extremo, oscuridad que hacía imposible distinguir arma, hijos menores de edad en la casa, antecedentes de intrusiones similares... Mucho, pero ya no es una sencilla defensa propia.

Y aún menos puedo, porque hay violencia creciente, integrar vecinos en "grupo de autodefensa" armado y vigilar el paso a mi calle. Hasta las compañías de seguridad privada están, o deberían estar, bajo normas de la ley y entrenamiento de sus empleados. En cambio, cuando un municipio organiza la autodefensa de los vecinos, estamos en el ámbito de la ley, sean "usos y costumbres" o la Constitución.

Pero si un "grupo de autodefensa" queda regulado por las autoridades municipales... se llama policía. Y sigue normas, reglamentos y protocolos escritos. La duda se plantea cuando los ciudadanos se hartan de la ineficacia de las autoridades y se organizan contra el crimen. Suena heroico... si no somos el acusado. Pero es el índice más cierto de que en esa zona el Estado ha desaparecido. Ante eso, la Constitución tiene una medida: declarar desaparición de poderes. Es el riesgo que se corren los gobernadores de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Gonzalo Rivas

¿Y el asesinato de Gonzalo Rivas, quemado vivo por los normalistas que incendiaron a propósito la gasolinera donde trabajaba?

 

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