Los mismos individuos que crearon una legislación por la que se prohibieron (y nos prohibieron a todos) cualquier expresión que les moleste, así esté ampliamente documentada, han sido los primeros en caer en su propio garlito. Con ánimo rencoroso, se lanzaron contra los elementales derechos a expresar opiniones negativas, o positivas pero de quien no les simpatiza. Nos prohibieron, y se prohibieron a sí mismos, obtener tiempo en los medios para argumentar a favor o en contra de los candidatos a puestos de elección; tejieron un embrollo de impedimentos al ejercicio ciudadano de opinión, ejercicio imprescindible en toda elección razonada.

Y han sido los primeros en caer: el PAN cree brincarse la ley con una sopa de letras, pero la Señorita Secante, con su banda al pecho que dice IFE, no es tonta y sabe lidiar con mozalbetes que se quieren pasar de listos. Apenas está aplicando el castigo cuando, el partido quejoso, el PRI, le saca la lengua al castigado PAN con un scrubble... Y a'i va la doña con su chongorete a ponerle un buen bofetón al insubordinado.

La niña Nueva Alianza hace pucheros ante la Miss porque el Niño Verde se sacó un moco y se lo trata de untar en el moño. Y a'i va la Miss sobre del malcriado. Apenas llega y la niña Convergencia suelta el llanto porque el Pete le rayó su cuaderno...

Nunca antes la política nacional se había parecido tanto a un salón de clase en plena ebullición de críos majaderos. Y allí vemos a los consejeros, que deberían estar planeando los múltiples y complejos detalles de una elección federal, repartiendo reglazos en las manos y orejas de burro a partidos retobones que, un día sí y el otro también, infringen la legislación que, para hacerla inatacable, subieron a la Constitución.

No puede haber, es imposible, una campaña electoral en la que no se argumente por qué no votar por otros. Parte del derecho ciudadano a la información consiste en saber lo que los políticos desearían que no se supiera nunca: los antecedentes de los candidatos al Congreso, si alguno lleva toda su vida exigiendo educación religiosa en las escuelas públicas; si otra, doctora, le negó atención médica a una niña embarazada por violación, si otro más está entre quienes hicieron secretos los precios de los segundos pisos, si otra salió huyendo cuando era autoridad y pudo evitar el linchamiento de dos jóvenes investigadores.

No, en vez de eso, escuchamos tonadillas y frases huecas. Haga una prueba: escriba el texto de diez espots que escuche por radio en la avalancha de millones, no señale qué partido lo gruñe. Luego los revuelve y verá que, como los horóscopos, todos se aplican a todos. ¿Quién no estaría "por un México más justo"? Eso lo dice cualquiera, es ruido electoral.

Hay cuatro grandes rubros de los que deseamos oír propuestas: reforma fiscal, energética, laboral y educativa. Nada de eso se puede tocar, ni superficialmente, en 20 segundos. El candidato de la alianza PRI-PV por mi distrito regala de casa en casa un CD donde canta, y no lo hace mal. Pero, ¿voy a votar por él a causa de su voz o de sus propuestas?

De ahí que un grupo de ciudadanos hayamos logrado que prosperen las primeras etapas de un amparo contra las reformas que nos imponen silencio. Y no va mal. El 15 de mayo a las 13:20 hrs. en el Tribunal Quinto de lo Administrativo se llevó a cabo la audiencia sobre nuestro caso. Sólo llegó un representante de la Cámara de Diputados a defender su engendro. Nuestro abogado presentó pruebas y alegatos —alrededor de 25 folios— y se llevó de 35 a 40 minutos en su presentación. El abogado de la patronal (el Congreso) "fue abriendo los ojos y se quedó mudo. En el momento de intervenir no pudo impugnar ninguna de las pruebas o alegatos. Su intervención debe haber durado quizá dos minutos", informa un correo de Federico Reyes Heroles.

Al finalizar esta audiencia quedó formalmente cerrado el plazo para que la contraparte, o las múltiples contrapartes, presenten sus pruebas y alegatos, de tal manera que sólo existen por parte de quienes nos resistimos a la imposición de la partidocracia.

La Suprema Corte puede elevarse a tribunal constitucional. De esa manera la oligocracia partidaria tendría un peritaje que revisara la legalidad de sus ocurrencias legislativas. Ahora estamos como el paciente ante un impostor de cirujano: desamparados ante ignorantes de los más elementales principios del derecho... metidos a legislar.

la talacha fue realizada por: eltemibledani