La última moda en las voces de la corrección política es un buen hallazgo: "Criminalizar la protesta". Una marcha se propone llegar a donde jefes de Estado tratan de alcanzar acuerdos comerciales, políticos y culturales, lo único que desean los marchistas es tundir a palos presidentes, jefes de gobierno y uno que otro rey para que entiendan que el mayor mal del siglo es la globalización: sí, el comercio mundial, los aviones, la desaparición de fronteras... Eso que pedían los socialistas utópicos en el siglo XIX y está ocurriendo, eso es el mal, dicen los nuevos defensores de fronteras.

La policía les cierra el paso en Copenhague o en Ósaka. En el cuerpo a cuerpo hay apaleados y detenidos, muchos de ellos inocentes que miraban. Se ha "criminalizado una protesta social", gritan.

"Profesores" de la CNTE destrozaron una puerta del siglo XVIII en la Secretaría de Educación Pública. ¿Motivos? Que estaba cerrada. Encarcelarlos sería "criminalizar una protesta social". Contra qué protestaban ni viene al caso, lo hacen varias veces al año porque reciben su paga sin estar obligados a dar clases. Lo cual es una ventaja, pues ya podemos imaginar el nivel académico de los rufianes. Pero recordemos que el 68 estalló cuando el Ejército tiró una puerta de edad y valor histórico similar: la de San Ildefonso. El rector, Javier Barrios Sierra, puso la bandera a media asta en la Rectoría y la ola de protesta cubrió al país. ¿Es menos respetable la SEP que la UNAM?

En esta ocasión no fueron soldados, sino "profesores" los que destruyeron la puerta sin que autoridad alguna hiciera al menos el intento de impedirlo. La CNTE es un grupo de estafadores que viven del "movimientismo": van de aquí para allá vendiendo protección, apoyando "movimientos populares" mientras conservan salarios y prestaciones íntegros. Resulta vergonzoso que la misma dueña del sindicato, Elba Esther Gordillo, admita en entrevista con Leo Zuckermann que no sabe cuántos profesores se dedican a la grilla con plazas pagadas por la SEP... O sea, por usted y yo. Nadie sabe cuántos están "comisionados". Quien debe tener esa información es el secretario de Educación, responde la que recibe las cuotas descontadas directamente de la nómina, y se queda tan oronda. Pero no es sólo la SEP: la burocracia se desborda desde tiempos de Fox. ¿Esto es la derecha?

Los movimientistas son parte interesada en la confusión actual entre aplicación de la ley y represión. Pero tampoco las autoridades desean admitir que destruir una puerta de valor histórico es un delito por el que deben pagar los vándalos. ¿No exigíamos, hace 42 años, juzgar al oficial que ordenó romper la puerta y al soldado que obedeció? Y no es que la autoridad no lo entienda, es que en el DF el gobierno citadino perredista y el federal panista piden siempre que la acción de la ley esté a cargo del otro. Y así vemos al gobierno del PRD clamar que la destrucción es culpa de la SEP... que cerró la puerta. Mismo alegato del gobierno de Díaz Ordaz: la de San Ildefonso debió ser derribada porque los estudiantes la habían cerrado.

Si en el DF la ausencia de policía se debe al tironeo entre el viejo PRI, hoy llamado PRD, y el PAN, en buena parte del territorio nacional ni siquiera hay policía. Los números proporcionados por Jaime Sánchez Susarrey en Reforma este sábado son escalofriantes: "Apenas en enero, el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, advertía que el 68 por ciento de los 160 mil policías municipales sólo tiene educación primaria y hay elementos que ni siquiera cuentan con ella.

"Pero no sólo eso. Más de la mitad de las 2 mil 22 corporaciones municipales que operan en el país tienen menos de 20 elementos, mal capacitados y peor equipados. Sobra señalar que los sueldos son extremadamente bajos: el 40 por ciento percibe entre mil y 4 mil pesos y el 20 por ciento menos de mil pesos. A lo que hay que agregar que 400 municipios en el país no cuentan con policía propia."

¿Menos de mil pesos un policía? Gana más el aparta-lugares con su cajón de madera y su franela colorada, el que echa lumbre, el limpia parabrisas. Y los gobernadores apenas comienzan a vislumbrar la urgencia de policías estatales coordinadas y tecnificadas: bases de datos con registro de delincuentes, de policías despedidos por su alianza con el crimen, rostros, huellas, fechorías y datos cruzados que se consiguen con redes de sencillas computadoras de escritorio, y ganas de hacerlo.

la talacha fue realizada por: eltemibledani